El 3 de septiembre del 2010 la sucursal Tribunales del Banco Ciudad fue el escenario inicial de un drama político que por estas horas ocupa la primera plana de los diarios. Ante la mirada atónita de los empleados bancarios depositaron 567.000 pesos en efectivo, como pago inicial para levantar la quiebra de Ciccone Calcografica.

El depósito realizado en rabioso efectivo no es consistente con los ingresos declarados del hombre señalado por su esposa como un “testaferro de (el vicepresidente, Amado) Boudou”. Ante el tribunal que define el régimen de visitas y alimentos para su hija, Vandenbroele declaró ingresos por $ 12.000 por mes y su condición fiscal ante la AFIP es de monotributista.

Lo curioso es que este monotributista que aparece como titular del misterioso fondo The Old Fund se quedó con una planta que cuesta alrededor de 100 millones de dólares y para la que depositó en la quiebra al menos 8 millones de pesos –en el mercado dicen que en realidad si se cuentan los acuerdos extrajudiciales invirtió al menos cuatro veces esa cifra-.

Esa peculiaridad patrimonial se suma a otra: Ciccone necesita para operar una inversión mensual en sueldos y gastos esenciales de no menos de 1 millón de dólares. Sin clientes conocidos, se desconoce como hace Vandenbroele para aportar este dinero y lo más inquietante: de dónde lo saca.

En un momento en que el gobierno extrema los controles sobre el movimiento de fondos, apelando al sano argumento de blanquear la economía, sorprende que ni la AFIP ni la UIF estén interesadas en averiguar el origen de estos millonarios movimientos de fondos, que bien podrían encuadrar en alguna de las categorías de blanqueo de dinero de origen ilegal.

Sobre todo sorprende la inacción de los organismos que conducen Ricardo Echegaray y José Sbatella, cuando la firma que dirige el monotributista Vandenbroele está a punto de quedarse con un contrato tan sensible en términos de los intereses del Estado como puede serlo la impresión de papel moneda.

Como sea, para ese deposito inicial de más de medio millón de pesos, en el mercado se menciona al dueño de Swiss Medical Group. Claudio Belocopitt, como el gentil aportante de los fondos.

El nombre de este empresario se suma así al del dueño del Banco Macro, Jorge Brito, que desde el inicio del caso Ciccone aparece como uno de los posibles aportantes de los misteriosos millones que permitieron a Vandenbroele quedarse con la planta de impresión de papeles de seguridad más moderna del país. De hecho el vicepresidente de la papelera es Máximo Lanusse, un ex gerente del Banco Macro.

A esta lista se suma Enrique Taratutti, dueño de London Supply, la operadora de los aeropuertos de Punta del Este, Ushuaia y Trelew. Según reveló hoy La Nación, el segundo pago para levantar la quiebra fue de 1,8 millones el 10 de septiembre del 2010 –una semana después del depósito inicial de medio millón de pesos realizado en efectivo- y se concretó por medio de una transferencia bancaria realizada por London Supply.

La transferencia se realizó desde el banco HSBC y fue notificada por Víctor Hugo Bonnet -vicepresidente de London Supply- a Vandenbroele, en una nota en la que sostuvo: Por el presente le ponemos en conocimiento que en el día 10 de septiembre de 2010, por vuestra cuenta y orden, procedimos a efectuar la transferencia que nos instruyeran por la suma de $ 1.800.000”.