La ingeniería política y económica construida para apoderarse de la planta de Ciccone Calcográfica está enfrentando un punto de máxima tensión. No sólo por el escándalo público que aporta cada día nuevas revelaciones que vinculan al vicepresidente Amado Boudou y su socio político, el titular del Banco Macro Jorge Brito, en la captura de la impresora más moderna del país.

El problema que enfrentan los flamantes dueños que se esconden detrás de la pantalla del testaferro Alejandro Vanderbroele, es que solo en sueldos y mínimos costos operativos, la planta demanda una inversión mensual que ronda el millón de dólares.

Gasto que hasta ahora les está costando compensar con nuevos clientes, ya que en el mercado nadie quiere contratar –salvo extrañamente el Estado- a una firma cuyo titular es un monotributista con ingresos declarados anuales de 15 mil pesos, para una tarea tan delicada como la impresión de papeles de seguridad: cheques, bonos, papel moneda, etc.

Es ese dragón el que los verdaderos dueños de Ciccone necesitan alimentar rápidamente o se encaminan a un cierre o nuevamente la quiebra de la firma que emplea a cientos de personas y lograron arrebatarle a sus anteriores dueños –la familia Ciccone- y a Boldt, que había conseguido que le juez de la quiebra les permitiera alquilar la planta.

De manera que para evitar que al escándalo de un negociado amparado por el poder se sume un conflicto laboral, a los nuevos dueños de Boldt les urge conseguir un contrato abultado.

Una pelea de damas kirchneristas

Acaso por eso, la insólita insistencia de la titular de la Casa de la Moneda, Katya Daura, para concederle a Ciccone la impresión de al menos 700 millones de billetes. Trabajo por el que pagaría unos 50 millones de dólares –otras fuentes hablan que en rigor el contrato terminaría escalando a los 60 millones de dólares-.

Daura es una diligente economista que ingresó a la Anses de la mano de Sergio Massa, pero luego supo hacer buenas migas con Boudou a quien hoy responde directamente. Esta funcionaria pisó el acelerador semanas atrás para concretar el contrato con Ciccone.

Envió unos 15 técnicos de la Casa de la Moneda a la planta que hoy aparece en cabeza del testaferro Vanderbroele, para que le certifiquen si están en condiciones de hacer el trabajo. Y no se detuvo allí. Por estos días, en medio del escándalo que involucra maniobras de muy baja estofa como colocar de representantes del fondo que administra Ciccone a jubilados insolventes, la funcionaria presiona para que la titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, firme el contrato con Ciccone.

Y fue en ese punto donde la estrategia planeada por los verdaderos dueños de Ciccone se trabó. Es que si bien la Casa de la Moneda participa en la tercerización del trabajo –aduciendo su falta de equipamiento para realizarlo-, el contrato debe firmarlo el Banco Central.

Puntos oscuros

En el corazón del Banco Central, Boudou tiene un aliado de peso que está empujando la firma con Ciccone. Se trata de Benigno Vélez, actual gerente General de la entidad y es secretario Legal y Aadministrativo d ela gestión de Boudou como ministro de Economía.

Benigno como Boudou y Vanderbroele, se conocen desde los años de juventud en Mar del Plata, cuando todos ellos simpatizaban y militaban en el ala más dura de la Ucede marplatense, liderada por el intendente de la Dictadura Mario Russak, que respondía directamente al general represor Ibérico Sain Jean, que supo gobernar la provincia de Buenos Aires.

Benigno que cuenta en el directorio del Central con el apoyo de Sergio Chodos -otro hombre cercano a Boudou-, presiona por estas horas para sacar adelante el contrato con Ciccone.

El problema es que el contrato cuesta un 45 por ciento más en dólares que la última contratación grande que hizo el central. Fue en diciembre del 2010, en plena crisis por la falta de billetes, cuando se decidió contratar a una UTE entre la Casa de la Moneda local –en ese entonces a cargo de un hombre de Juan Carlos Pezoa- y a su par de Brasil, para que imprimieran 130 millones de billetes.

Este tremendo sobreprecio del contrato con Ciccone, encendió luces de alarma en el despacho de la titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, que algunos en el mercado cuestionan por su falta de experiencia en el sistema financiero, pero nadie duda de su honestidad.

Marcó del Pont se resiste a firmar el contrato, que desde el punto de vista ideológico que cultiva el kirchnerismo también ofrece flancos inexplicables: ¿Porqué gastar 50 millones de dólares en un privado en un sólo contrato, cuando con ese monto se podría equipar la Casa de la Moneda para que el Estado argentino pueda contar con esa infraestructura esencial?