A pesar de que institucionalmente ambas partes se esfuercen por maquillar la tensión, la relación entre el ministro del Interior, Florencio Randazzo, y la jueza electoral porteña María Servini de Cubría, no pasa por su mejor momento. Es que la magistrada sigue sin tolerar que el Gobierno la haya dejado afuera del armado de las elecciones y que directamente haya cerrado la cuestión con la Cámara Nacional Electoral.

Según pudo saber LPO, Servini le apunta directamente a Randazzo pero también al director nacional electoral, Alejandro Tullio. En el ámbito de la jueza aseguran que ambos funcionarios la “ningunearon” con la consecuente pérdida de poder a la hora de manejar dineros e influencias en el proceso eleccionario.

Sin embargo, el principal motivo de enojo por parte de Servini es que la dupla Randazzo-Tullio decidió extirparles a los jueces federales con competencia electoral varias atribuciones que fueron a parar a la Cámara, un organismo que estaba completamente arrumbado y casi sin funciones.

Una de esas facultades es la de confeccionar los padrones para las elecciones, trámite no menor que muchas veces funciona como favor político de acuerdo a la conveniencia de determinado candidato y que consume recursos económicos y humanos.

La idea de Randazzo es de unificar los padrones y confeccionar un sistema de trazabilidad de electores pero para eso hace falta inversión en tecnología y capacitación del personal. La tarea le fue asignada a la Cámara mientras los jueces federales ven como pierden su cuota de poder.

Además, nadie desestima también cierta herida en el ego de la magistrada: como erudita en la materia, Servini no acepta la “independencia” que muestran Randazzo y Tullio. Por eso, en las últimas semanas se movió públicamente para minarle de algún modo el camino al kirchnerismo y emitió algunas resoluciones que al Gobierno aún le cuesta digerir.

En una de esas apariciones públicas, Servini reclamó un millón de pesos para no hacer “un papelón” en las primarias del domingo y mostró toda su furia contra Randazzo y Tullio, que siempre garantizó la realización de los comicios.

"Doy un paso al costado y que me pidan el juicio político, que hagan lo que quieran. Me dieron 105 mil pesos y necesito un millón de pesos. Si no me dan el dinero, que a las elecciones las haga la Cámara con los 100 mil pesos que tiene. Hice 15 elecciones, no me van a venir con problemas a esta altura de mi vida”, dijo Sevini a finales de julio.

La respuesta de Randazzo fue tajante: “Todos los aportes fueron transferidos en fecha, sin inconvenientes”.

Además, y a pesar de que el Ministro lo negó varias veces, la magistrada resolvió que aquellos ciudadanos de la Ciudad que no voten el domingo no podrán hacerlo el 23 de octubre, fecha fijada para la primera vuelta de las elecciones generales. Firmada el 5 de julio, la resolución busca, según la jueza, garantizar “la participación popular" que permita a las agrupaciones más pequeñas competir para lograr el piso de 1,5% de los votos en cada distrito.

Claramente, este punto ataca las intenciones del kirchnerismo, que prefiere un bajo nivel de participación en las primarias y así evitar sorpresas a la hora de contar votos para la oposición. Se sabe, que cuanto mayor es el número de “independientes” o indecisos que participen, mayor es la posibilidad de un voto disperso.

Pero, Servini le sumó un nuevo dolor de cabeza al oficialismo nacional con la resolución que prohíbe a los partidos a tener un fiscal general por escuela y limita esa figura a uno cada diez escuelas, con lo que la presencia del “aparato” del FPV porteño estará diezmado.

“No nos cambia la vida pero claramente esto beneficia a los partidos chicos que tienen menos militancia o fiscales. Suponemos que la intención es equiparar aunque siempre tenemos un fiscal por mesa”, señalaron a LPO desde el kirchnerismo porteño.

En las últimas horas, el FPV Capital evaluó hacer una presentación ante la Justicia para frenar la resolución pero se desestimó la idea para no “embarullar las cosas a 48 horas de las elecciones”.