El titular de la Anses, Diego Bossio, defendió hoy en el Senado ante la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social, el decreto de la Presidenta que aumenta la presencia de directores del Estado en las empresas privadas que el organismo tiene participación accionarias, heredadas de las desaparecidas AFJP.

La polémica encendida por el decreto, que despertó acusaciones de "chavización" del gobierno de la primera línea empresaria, obligó a Bossio a asistir a la reunión que se llevó a cabo en el salón Manuel Belgrano del edificio anexo del Senado en la ex Caja de Ahorros, para intentar llevar tranquilidad.

"Queremos poner en pie de igualdad los derechos políticos y económicos, que no pueden estar escindidos. Fue nuestra propuesta desde el primer día, desde la primera asamblea. Creemos que tenemos que ejercer ese derecho, que pone en pie de igualdad los derechos del sector privado y públicos", justificó Bossio.

El funcionario explicó que la nueva norma que dispone una participación del Estado en la conducción de las empresas acorde a su participación accionaria, eliminando el tope que les concedía derechos políticos como si sólo tuviera un 5%, es algo "justo" porque "pone en pie de igualdad lo privado y lo público".

"Nos interesa que a las empresas le vaya bien. Acá no hay conflictos de intereses, queremos lo mismo que la empresa. Y también podemos aportar sugerencias, como lo han remarcado varios empresarios. Hay una política y un criterio que viene siendo ejercida desde el día uno", señaló.

Bossio descartó también que se trate de una intervención. "Solamente queremos tener la participación que nos corresponde por derecho. No es una intervención", afirmó.

Señaló además que los directores que el Estado elegirá para cubrir los puestos en las empresas privadas serán "idóneos" para la tarea.

Los reparos de la oposición

Los senadores Gerardo Morales (UCR) y Roberto Basualdo (Peronismo Federal) y los diputados Fernanda Reyes (Coalición Cívica) y Gustavo Serebrinsky (UCR) manifestaron sus objeciones al DNU del Poder Ejecutivo y sostuvieron que "no habría habido dificultades" para que el Congreso Nacional considerara el asunto y sacara una ley que regule la situación.

También coincidieron en que correspondería que los directores que ingresarán a las empresas "sean elegidos por concurso" o tengan la aprobación parlamentaria porque, dijo Morales, "se puede pasar una línea y por eso es importante que pase por el Congreso".

Las empresas afectadas

El decreto 441 que amplia la participación del Estado en los directorios afecta a más de 30 empresas donde el organismo participa como accionista minoritario, entre ellas el Banco Macro (30,8% de acciones estatales); San Miguel (26,9%); Gas Natural Ban (26,6%); Consultatio (26,6%); Edenor (26,4%); Distribuidora de Gas Cuyana (26,1%); Siderar (25,9%); Telecom (24,9%); y Transportadora de Gas del Sur (23,1%).

También, Grupo Concesionario del Oeste (21,5%); Mirgor (21,5%); Emdersa (20,9%); Grupo Financiero Galicia (20,4%); Molinos Rio dela Plata(19,9%); Pampa Energía (19,3%); Transener (18,7%); Socotherm Americas (18,5%); Solvay Indupa (16,7%); Banco Patagonia (14,6%); y Endesa Costanera (13,4%), entre otras.