03 de mayo, 2024
Por presión de los gobernadores se postergó el tratamiento de la ley de glaciares
El Senado iba a tratarlo este miércoles, pero la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable acordó postergarlo hasta el 30 de septiembre, cuando, según los últimos sondeos, serÃa rechazado. Las provincias mineras hicieron sentir su presión y también las Cámaras del sector, que en una solicitada pidieron olvidar la iniciativa. Para Greenpeace, esa actividad constituye "un nuevo poder argentino".
El proyecto para proteger los glaciares, aprobado en Diputados, fue postergado en la Cámara alta, donde tenía preferencia para ser tratado mañana pero se debatirá recién el 30 de septiembre en una sesión especial, por acuerdo de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, que preside el oficialista Eduardo Torres.
Fue este misionero quien propuso demorar el debate, aludiendo a pedidos de la secretaría de Medio Ambiente para prorrogar la ronda de consultas entre las provincias y las ONG ambientalistas que militan por la sanción.
El texto prohíbe actividades industriales y productivas en zonas de glaciares y en las adyacencias cuando allí se genere una fuente hídrica, áreas definidas en el texto como periglaciares y que desataran la furia de las provincias con inversiones mineras en marcha en regiones de esas características, como San Juan.
En una solicitada publicada este fin de semana, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) exigió que el proyecto sea rechazado al considerar que “la normativa nacional y provincial” ya regula la protección de los glaciares.
La firmaron las delegaciones mineras de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Salta, San Juan y Santa Cruz. También pusieron su rúbrica la Cámara de la Construcción, la Cámara de la Piedra de la Provincia de Buenos Aires, y la Federación Económica del Chaco.
“Es un conglomerado poderosísimos que constituye un nuevo poder económico del país”, los definió Juan Carlos Villalonga, Director de Campañas de Greenpeace Argentina, que reclamó la sanción de la ley con una manifestación frente al Congreso con un bloque de hielo y dos cabinas telefónicas, donde invitaban a los ciudadanos a llamar a los senadores.
La posición empresarial llegó tras intensas gestiones de los gobernadores de las provincias firmantes, quienes la semana pasada se comunicaron con sus legisladores. Si la ley se sanciona y, como anunció, la presidenta no la veta, irán en masa a la justicia, aunque ese es un paso que prefieren evitar.
Hermética comisión
La reunión de Comisión se realizó en absoluto hermetismo, sin la presencia de las organizaciones ambientalista y ni siquiera de asesores. Por la mañana, los sondeos de los ambientalistas auguraban una votación pareja, con varios conversos de último momento. Ahora el tratamiento se hará sobre tablas, o sea, sin dictamen de comisión previo.
De los 30 restantes, sólo hay dudas por los entrerrianos Pedro Guastavino y Arturo Vera y el tucumano José Cano, mientras que la presión de las provincias provocó que varios opositores adelantaran su rechazo, como los dos radicales catamarqueños (Oscar Castillo y Blanca Monllau de Seleme), los tres peronistas díscolos de Salta (Sonia Escudero, Juan Carlos Romero y Juan Pérez Alsina) y los dos puntanos (Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso)
“Algunas provincias están advirtiendo ahora que la ley les prohibiría actividades de exploración y por eso lo rechazarán”, confió a LPO uno de los oficialistas que fomenta la negativa. Ubican en ese lote a Neuquén (con un aliado K, como Horacio Lores), Chubut y Santa Cruz.
Un dato: en Greenpeace se sorprendieron con la adhesión a la solicitada de la Cámara minera santacruceño, aun cuando no se registran actividades de ese rubro en la tierra del matrimonio presidencial, el más reacio a esta ley.
Fue este misionero quien propuso demorar el debate, aludiendo a pedidos de la secretaría de Medio Ambiente para prorrogar la ronda de consultas entre las provincias y las ONG ambientalistas que militan por la sanción.
El texto prohíbe actividades industriales y productivas en zonas de glaciares y en las adyacencias cuando allí se genere una fuente hídrica, áreas definidas en el texto como periglaciares y que desataran la furia de las provincias con inversiones mineras en marcha en regiones de esas características, como San Juan.
En una solicitada publicada este fin de semana, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) exigió que el proyecto sea rechazado al considerar que “la normativa nacional y provincial” ya regula la protección de los glaciares.
La firmaron las delegaciones mineras de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Salta, San Juan y Santa Cruz. También pusieron su rúbrica la Cámara de la Construcción, la Cámara de la Piedra de la Provincia de Buenos Aires, y la Federación Económica del Chaco.
“Es un conglomerado poderosísimos que constituye un nuevo poder económico del país”, los definió Juan Carlos Villalonga, Director de Campañas de Greenpeace Argentina, que reclamó la sanción de la ley con una manifestación frente al Congreso con un bloque de hielo y dos cabinas telefónicas, donde invitaban a los ciudadanos a llamar a los senadores.
La posición empresarial llegó tras intensas gestiones de los gobernadores de las provincias firmantes, quienes la semana pasada se comunicaron con sus legisladores. Si la ley se sanciona y, como anunció, la presidenta no la veta, irán en masa a la justicia, aunque ese es un paso que prefieren evitar.
Hermética comisión
La reunión de Comisión se realizó en absoluto hermetismo, sin la presencia de las organizaciones ambientalista y ni siquiera de asesores. Por la mañana, los sondeos de los ambientalistas auguraban una votación pareja, con varios conversos de último momento. Ahora el tratamiento se hará sobre tablas, o sea, sin dictamen de comisión previo.
Diez personas para controlar todo
Ricardo Villalva, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), fue uno de los pocos asistentes a la reunión de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable que postergó el tratamiento de la ley de Protección de Glaciares.
Y según algunos testigos, no aportó mucho: aseguró que su organismo tiene sólo diez empleados, o sea, sólo esa cantidad de gente para subir a la montaña y corroborar en qué zonas deben prohibirse emprendimientos industriales. Tamaña negligencia contribuyó a la decisión final de postergar el tratamiento.
De los 30 restantes, sólo hay dudas por los entrerrianos Pedro Guastavino y Arturo Vera y el tucumano José Cano, mientras que la presión de las provincias provocó que varios opositores adelantaran su rechazo, como los dos radicales catamarqueños (Oscar Castillo y Blanca Monllau de Seleme), los tres peronistas díscolos de Salta (Sonia Escudero, Juan Carlos Romero y Juan Pérez Alsina) y los dos puntanos (Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso)
“Algunas provincias están advirtiendo ahora que la ley les prohibiría actividades de exploración y por eso lo rechazarán”, confió a LPO uno de los oficialistas que fomenta la negativa. Ubican en ese lote a Neuquén (con un aliado K, como Horacio Lores), Chubut y Santa Cruz.
Un dato: en Greenpeace se sorprendieron con la adhesión a la solicitada de la Cámara minera santacruceño, aun cuando no se registran actividades de ese rubro en la tierra del matrimonio presidencial, el más reacio a esta ley.
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