Nunca dejó de levantar sospechas. El organismo que reúne a los 700 inspectores porteños -que deben controlar, entre muchas funciones, el desarrollo de las obras en construcción, la seguridad en los bares y boliches y la salubridad de los alimentos que se venden en las calles- volvió esta semana a estar bajo la lupa, luego del derrumbe de un gimnasio en Villa Urquiza que se cobró la vida de tres personas.

Pero yendo un poco hacia atrás, cuando en 2004, el incendio de Cromagnon causó la muerte de 194 personas, quedó a la vista de todos, la red de corrupción que se extendía en la Dirección de Fiscalización y Control de la Ciudad.

Su titular, Fabiana Fizbin -que con un título de maestra jardinera y una relación de amistad con Vilma Ibarra llegó a dirigir el organismo- terminó sentenciada por el Tribunal Oral Criminal Nº 24 a dos años de prisión por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Con estos antecedentes, Mauricio Macri intentó, al llegar al gobierno, avanzar en una estrategia anticorrupción y creó la Agencia Gubernamental de Control, como un área descentralizada.

Su primer director, el ex juez Federico Young, se fue del puesto acusado por los organismos de Derechos Humanos por su férrea defensa de la última dictadura.

Sin ir más lejos, antes de asumir en la AGC, Young había organizado junto a la activista castrense Cecilia Pando y su esposo, el mayor retirado Rafael Mercado, un seminario bajo el lema “Igualdad ante la Ley. Juicio y castigo a los terroristas de los años ’70”.

El objetivo de ese seminario consistía en condenar la reapertura de los juicios a los represores procesados por delitos de lesa humanidad y reivindicar el proceso militar.

En diciembre de 2009, asumió en su reemplazo, Pablo Bourlot, un hombre fuerte de Horacio Rodríguez Larreta. De muy bajo perfil, se fue del cargo al año de haber llegado, argumentando que estar al frente del área le resultaba "muy desgastante".

Bourlot nunca reconoció la existencia de un red de "corrupción estructural" en el organismo, pero sí la subsistencia de casos aislados.

Antes de irse, dijo públicamente que los casos comprobados de corrupción los llevó a la Justicia y que, pese a todo sus esfuerzos, hoy no podía garantizar que "no sigan ocurriendo hechos de esta naturaleza".

Lo sucedió Oscar Ríos, un hombre allegado al Jefe de Gobierno por ser dirigente de Boca. Precisamente esa tarea, y según pudo confirmar LPO la única de la que daba cuenta su curriculum (ver nota relacionada) fue la que terminó por dejarlo fuera del cargo.

Es que el martes, mientras los rescatistas buscaban sobrevivientes entre los escombros del gimnasio que se derrumbó en Villa Urquiza -y cuando todas las miradas apuntaban a la negligencia de los sistemas de control de la Ciudad- Oscar Ríos se fue a la reunión de dirigentes del club, a votar por la continuidad del jugador Román Riquelme en el plantel.

Tras conocerse la noticia, Macri consideró “inaceptable” la acción del funcionario, y hoy por la tarde le pidió la renuncia. Yendo un poco más a fondo, se supo que el Jefe de Gobierno aprovechó que trascendiera la actitud impune de Ríos para exigirle que deje el cargo, cuando en realidad, fue el descontrol en el area de fiscalizaciones de obras lo que lo llevó a tomar la decisión de dejar afuera al director de la AGC.   

Un breve repaso de lo que pasa en la Agencia

En los últimos dos años, hubo más de 20 casos de inspectores porteños denunciados por solicitar dinero a comerciantes a cambio de alguna contraprestación ilegal.

Y en tan sólo 15 meses, en la ciudad se registraron cinco derrumbes de viviendas, locales comerciales y obras en construcción que dejaron un saldo de un hombre muerto y nueve personas heridas.

En mayo pasado, LPO dio cuenta de una denuncia que hablaba del pago de coimas para permitir la realización de recitales y shows en lugares no habilitados para ese fin. (ver nota relacionada)

Y un mes después, la Justicia ordenó el allanamiento de la AGC por una denuncia que inició la Defensoría del Pueblo de la Ciudad en la que cuestionaba por irregular la habilitación de una estación de servicio.