Pasadas las nueve de la noche, los rescatistas encontraron el cuerpo sin vida de Luis Lu, un joven de 23 años, estudiante de Derecho. Su madre había sido una de las primeras en llegar ayer por la tarde al lugar, cuando se conoció la noticia.

En horas de la madrugada, las fuerzas de rescate habían hallado el cadáver de Guillermo Ramón Fede, de 37 años, que murió aplastado por las vigas. Y esta mañana, tras 40 horas de búsqueda, encontraron a la tercer víctima fatal entre los escombros, Maximiliano Salgado, un adolescente de 18 años.

En medio de este panorama desolador, crecen las preguntas sobre la cadena de responsabilidades que desencadenó la tragedia. Y las nerviosas respuestas del gobierno porteño no hacen otra cosa que sembrar la confusión.

Contradicciones en la Agencia de Control

El secretario General del Gobierno porteño, Marcos Peña, había afirmado públicamente que tres veces la Ciudad envió inspectores a la obra de la calle Mendoza de Villa Urquiza y explicó que como nunca encontraron obreros trabajando, ni actividad en el predio, no pudieron ingresar ni constatar la denuncia de la UOCRA (fechada el 17 de junio), que de una manera escalofriante advertía en el punto 5.5 que no estaba asegurada la estabilidad de la pared medianera.

Peña hizo referencia a tres fechas de inspecciones: una en mayo; otra, el 18 de junio y la tercera, el 13 de julio.

Pero sorpresivamente, el vocero de la Agencia Gubernamental de Control informó a LPO que sí se realizó una inspección en el terreno de la obra, y que la fecha fue el 8 de julio pasado.

“Se constató que la demolición había terminado y que todo estaba bien”, expresó el vocero de la Agencia, quien señaló que a su entender, hubo “una mala praxis en el proceso de excavación” y que la empresa constructora comenzó a excavar sin haber pedido la autorización correspondiente.

Sobre la denuncia puntual de la UOCRA, que indica que “falta apuntalar los muros medianeros”, el vocero respondió que la entidad gremial envió la nota a la Dirección General de Relaciones Laborales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico que conduce Francisco "Pancho" Cabrera. Y que nunca hubo por este tema, comunicación entre esa cartera y la Agencia de Control Gubernamental que lidera el macrista Raúl Oscar Ríos.

En rigor no existe ninguna dependencia en Desarrollo Económico con ese nombre. El vocero seguramente quiso referirse a la dirección General de Protección del Trabajo que está a cargo de Angel Enrique Rodríguez. Siendo su jefe el subsecretario de Trabajo, Miguel Angel de Virgilis, un hombre al que curiosamente se lo vincula con Alberto Fernández.

Los insólitos curriculums de la Agencia de Control

La labor de los inspectores que visitan las obras en construcción está a cargo de José Angel Báez, el titular desde ya hace más de un año de la Dirección de Fiscalización y Control de Obras del gobierno porteño.

LPO no pudo tener acceso al curriculum del funcionario, pero constató que no es arquitecto, ni ingeniero, ni tiene otro título universitario afín al puesto que ocupa.

Con respecto a su superior, el titular de la Agencia Gubernamental de Control desde el mes de enero -y quien tiene a su cargo un organismo que concentra el ejercicio del poder de policía en lo referente a las condiciones de habilitación, seguridad e higiene de establecimientos privados, las obras civiles de arquitectura y el control de salubridad de alimentos en la ciudad- voceros del organismo precisaron como todo curriculum, que Raúl Oscar Ríos “fue directivo de Boca” y que no registra ningún otro antecedente en la función pública, ni tiene título universitario.

Fuentes cercanas al club Boca Juniors, confirmaron que Raúl Ríos se ocupaba específicamente del mantenimiento del área de quinchos y lideraba la agrupación de Macri en el Club. Además, Ríos habría designado a su esposa como jefe de inspectores.

La denuncia que pudo haber cambiado esta historia

El 17 de junio pasado, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) presentó una denuncia ante la Dirección de Protección del Trabajo del gobierno porteño sobre presuntas falencias en las condiciones laborales de los obreros. Allí también precisaba que no se habían apuntalado los muros medianeros.

El secretario general del Gobierno de la Ciudad, Marcos Peña, aseguró que “tras la denuncia, se hizo una inspección al día siguiente y otra el 13 de julio, pero en ningún caso se encontró actividad. Siempre se espera unos 30 días cuando un operativo de este tipo no se puede realizar. Evidentemente la obra se retomó con alto ritmo en los últimos días”.

Los inspectores de la Ciudad fueron tres veces a la obra en Mendoza 5030 pero nunca entraron al pozo a ver cómo estaba, según la versión oficial, contradecida por los voceros de la Agencia de Control en diálogo con LPO.

Como sea, en la UOCRA dijeron: “Si tienen el nombre de la constructora y del profesional a cargo, ¿por qué no los llamaron? Ellos tienen el poder de policía, y nosotros hicimos una denuncia concisa”.

En casos como este, en que argumentando que se trata de propiedad privada los encargados de la construcción prohíben el ingreso a los inspectores de la Dirección de Control de Obras, lo que corresponde hacer a los funcionarios porteños es la denuncia en la comisaría de la zona.

Allí se le da intervención a un juez contravencional, que en el lapso de 24 horas eleva una orden de allanamiento que le permite a los inspectores ingresar a la obra, acompañados de la fuerza pública. Pero nada de esto sucedió.

Esta mañana, el vocero del gremio, Ricardo Camaño declaró: "Ante una denuncia de riesgo inminente, la inspección y la clausura debe ser inmediata hasta tanto se lleven a cabo las medidas correspondientes, precisamente por el riesgo que implican estas situaciones para la vida de las personas".

Camaño insistió en que "lamentablemente" el poder de policía para estos casos no lo tiene el gremio, sino la autoridad competente. "No tenemos la posibilidad de inspeccionar, ni de clausurar, sólo de detectar el incumplimiento y denunciarlo", ratificó.

Por qué ahora es más difícil el control sobre las construcciones

Históricamente en la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección que controla los planos de obra funcionó en forma conjunta con el área de inspección de las construcciones. Pero el gobierno de Mauricio Macri modificó esta estructura y separó ambas dependencias.

Por un lado, la Dirección General de Obras y Catastro (que analiza los planos y otorga los permisos para construir) pasó a depender del Ministerio de Desarrollo Urbano, a cargo del arquitecto Daniel Chain.

Por otro, la regulación y el control del avance de la obra, quedó a cargo de la Agencia Gubernamental de Control, a través de la Dirección de Fiscalización y Control de Obras, hoy a cargo de José Angel Baez.

De acuerdo a los expertos que consultó LPO, esta división –en su momento fogoneada por el titular de Desarrollo Urbano, Daniel Chain- lejos de hacer más eficientes los controles, los complejiza. Por tratarse ahora de dos áreas totalmente separadas, se deslindan responsabilidades una en otra, algo que no podía suceder cuando trabajaban en forma conjunta.