Cuando los números determinaron el fracaso de la apertura del juicio político, en el bloque oficialista comenzó a sonar fuerte una posibilidad que se ampara en una lectura probable de la Carta Magna porteña.

Ocurre que los artículos 92, 93 y 94 de la Constitución de la Ciudad establecen cómo debe resolverse el proceso de un juicio político, pero no especifican de modo concluyente el modo en el que debe iniciarse. Es allí, cuando algunos advirtieron que con la simple resolución del presidente de la Cámara podría convocarse a la Sala Acusadora.

Quienes sugirieron esta estrategia lo hicieron justificándola en la figura del prejuzgamiento. Es decir, llevar la decisión de si abrir o no un juicio político a la Comisión de Asuntos Constitucionales implica que los 15 legisladores que la integran, adelanten de cierta forma su posición al respecto.

Por el contrario, quienes vieron esta opción como una salida desesperada, opinaron que si bien podía ser legal llegar así a la apertura del juicio, esta acción carecería de legitimidad y sólo complicaría aún más el escenario del Jefe de Gobierno. “Es tarde para volver atrás, esto es como el ajedrez, ellos ya movieron y ahora tienen que atenerse a lo que la Comisión de Asuntos Constitucionales y el pleno de la Cámara decidan”, señaló a LPO el diputado kirchnerista Juan Cabandié.