La tensión del gobierno con la Corte Suprema amenaza con derivar en un conflicto institucional. Luego que este viernes la revista Noticias publicara un reportaje indirecto a Ricardo Lorenzetti con durísimos conceptos del juez sobre los Kirchner, hoy se supo que la Presidenta ordenó a sus diputados trabar toda iniciativa que devuelva a la Corte la conducción del Consejo de la Magistratura.

Según informa La Nación, Cristina Kirchner vetó en las últimas horas la posibilidad de acordar con la oposición una nueva ley del Consejo de la Magistratura. El punto central del conflicto es la incorporación al Consejo de un juez del máximo tribunal, propuesta que alienta toda la oposición.

Los bloques opositores de la Cámara de Diputados ultiman en estas horas los detalles de un dictamen único, con la idea de presentarlo esta semana en las comisiones de Justicia, Asuntos Constitucionales, y Peticiones, Poderes y Reglamento. Antes de dar por concluida la redacción del texto, el presidente de la Comisión de Justicia, Ricardo Gil Lavedra (UCR), intentó acercar posiciones con el oficialismo, pero fracasó: sus dos interlocutores, los diputados kirchneristas Alejandro Rossi y Jorge Yoma, le anticiparon que la Presidenta no aceptará acordar mientras la oposición insista en incorporar la Corte al Consejo, como era antes de la reforma de la ley. "Es inadmisible", dijo la Presidenta, según fuentes del bloque kirchnerista, y les ordenó resistir.

La oposición considera decisiva la reforma del órgano que elige y evalúa el trabajo de los jueces, ya que sostiene que la actual composición otorga demasiado poder al oficialismo y que eso atemoriza a los jueces a la hora de investigar al Gobierno.

"Mantuvimos charlas muy cordiales con Gil Lavedra, pero advertimos que las modificaciones que impulsa la oposición no avanzan en el camino correcto. Sobre todo el regreso de la Corte Suprema como miembro del Consejo, porque esto implicará una concentración de atribuciones en torno al máximo tribunal, máxime si llega a presidir ese cuerpo ?confirmó Rossi a La Nacion?. No estamos de acuerdo por razones constitucionales, porque se frustraría el espíritu de la reforma que se impulsó en el 94, que pretendía una horizontalidad en el Poder Judicial."

Así las cosas, habrá dos dictámenes que se discutirán en el recinto. El que impulsa la oposición, que apunta básicamente a modificar la composición del Consejo de la Magistratura para revocarle al oficialismo el poder de veto en el proceso de selección y de destitución de los jueces. Es muy factible que este dictamen sea aprobado en el recinto, ya que cuenta con el respaldo de buena parte de los bloques opositores.

El otro dictamen, de minoría, será el oficialista. Se basará en el polémico proyecto que presentó Alejandro Rossi, que propone, entre otras cosas, una evaluación periódica de idoneidad de los magistrados, que puede derivar en su remoción. La idea fue duramente criticada en todo el ámbito judicial, donde se la consideró una presión encubierta sobre los magistrados independientes.

La orden presidencial de resistir la reforma que plantea la oposición, por miedo al poder que ganaría la Corte, también le llegó al jefe de los senadores oficialistas, Miguel Pichetto, ante la eventualidad de que la oposición consiguiera imponer su mayoría en la Cámara de Diputados, según indicaron fuentes oficiales. La gran paridad que existe en el Senado le da a Pichetto más armas para tratar de impedir que la reforma se convierta en ley.

La propuesta opositora

Por su lado, la oposición colocó sus mayores esfuerzos en acordar la nueva composición del Consejo de la Magistratura.

En el dictamen primó la propuesta del diputado Gustavo Ferrari (Peronismo Federal), mano derecha de Francisco de Narváez.

Ese texto sugería un cuerpo conformado por 16 integrantes, tres más que en la actualidad, por el agregado de un integrante de la Corte Suprema, un abogado y un catedrático.

De esta manera, la nueva integración sería de seis legisladores, cuatro jueces (uno de ellos, de la Corte), tres abogados, dos catedráticos y un representante del Poder Ejecutivo. "La incorporación de la Corte al Consejo guarda razonabilidad, pues se pretende otorgar unidad de dirección a la Justicia", enfatizó Ferrari.

"Es un proyecto que consolida el poder de las corporaciones judiciales", critican los legisladores del oficialismo.

Con esos cambios, el kirchnerismo podría mantener cinco miembros, pero no ya sobre un total de 13, sino de 16, por lo que el resto de los sectores estaría en condiciones de elegir o acusar a un juez (para lo que se necesita el voto de dos tercios del cuerpo) sin el consentimiento del oficialismo.

El acuerdo opositor en la Cámara baja se tejió en varias reuniones de las que participaron Ferrari, Gil Lavedra (UCR), Pedro Tunessi (UCR), Patricia Bullrich (Coalición Cívica), Paula Bertol (Pro), Graciela Camaño (Bloque Peronista), Laura Alonso (Pro) y Margarita Stolbizer (GEN).

De esos encuentros opositores surgieron otros acuerdos casi cerrados para incluir en el dictamen de mayoría.

Uno de ellos consiste en un mecanismo para agilizar la elección de los magistrados: los concursos no estarían destinados, como en la actualidad, a cubrir una vacante en particular, sino que apuntarían a establecer un orden de mérito por cada fuero al que se acudiría ante cada vacante que se produjera. "Sería como un banco de suplentes", graficó un diputado.

Otra de las propuestas en danza es la de reducir el plazo de prescripción de las denuncias contra los magistrados, que en la actualidad es de tres años.

También se habló de cambiar el criterio para distribuir los lugares entre los legisladores: ya no serían cuatro oficialistas y dos opositores, como hasta ahora, sino que dependería del peso que tuviera cada bloque en las cámaras.