04 de mayo, 2024
La oposición quiere bloquear en marzo el decreto que permite pagar deuda con reservas
Intentará hacerlo el miércoles, cuando se constituya la Comisión de Trámite Legislativo, encargada de revisar los decretos presidenciales. Pero como sólo podrÃa empatar en votos con el oficialismo, la definición de la presidencia del cuerpo podrÃa trabarse. En ese escenario, cuando se reanuden las sesiones ordinarias los bloques de la oposición pretenden llevar el tema al recinto, donde confÃan en triunfar. La nulidad del decreto que crea el Fondo del bicentenario serÃa la primera medida que tomarÃan. La embestida genera incertidumbre en los acreedores.
En marzo, cuando se reanuden las sesiones ordinarias, la oposición buscará bloquear el decreto que creó el Fondo del Bicentenario, compuesto por 6.569 millones de dólares extraídos de las reservas del Banco Central cuyo destino principal sería pagar parte de la deuda externa, aun cuando ya hay varias partidas del presupuesto destinadas a esa tarea.
Para lograrlo, las bancadas antikirchneristas pretenden imponer en los recintos al presidente de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de revisar los decretos del Poder Ejecutivo, y asegurarse así la mayoría de los votos en ese cuerpo.
El paso siguiente sería desestimar el decreto que creó el Fondo, que para ese entonces estaría firme por no haber sido objetado a tiempo por la Comisión. Esto ocurriría porque recién el miércoles quedará constituida, en una sesión especial convocada por los presidentes de ambas Cámaras.
Ese día el vicepresidente Julio Cobos, y el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, encargos de visar a los ocho representantes de cada Cámara, definirán a los integrantes de la Bicameral. La semana pasada habrían acordado repartirlos en partes iguales entre oficialistas y opositores. La reunión tendrá tres temas en el temario: la designación de autoridades, y los dos decretos firmados por la presidenta en estos días, que fueron el del fondo del bicentenario, y el veto a dos artículos de la reforma política.
Hasta ahora, la estrategia del oficialismo es impedir que la comisión se expida sobre estos decretos, para que así queden firmes. Es que el miércoles sería en último día de plazo para que la bicameral se pronuncie por cualquiera de ellos, y para hacerlo, requiere de la mayoría de los votos, hoy divididos en partes iguales entre oficialistas y opositores.
La paridad sólo puede romperse con el voto del presidente de la Comisión, cargo que debiera definirse en la misma reunión del miércoles. Y en este escenario, los dos bandos pugnan por quedarse con ese casillero, clave para tomar el control de los dictámenes.
La paridad y la dificultad para alcanzar un acuerdo político, situaciones que no encuentran precedentes, derivó en un estudio fino del reglamento de ambas partes para definir los pasos a seguir.
La oposición, que pretende que la comisión sea presidida por el diputado radical Rubén Lanceta, ya delineó su estrategia en caso de que, una vez más, la sangre llegue al río: disponer que las autoridades de la bicameral se definan en los recintos.
“Kirchner no quiere terminar el año con otro revés en el Congreso cediendo la presidencia de la Comisión, pero lo va a tener en el recinto, y va a ser peor”, alertó un diputado opositor con silla asegurada en la bicameral.
La guerra de marzo
Las bancadas antiK creen que será casi imposible forzar una ampliación de las sesiones ordinarias para que el Congreso tenga actividad en el verano, una acción que estudian varios legisladores amparándose en algunos artilugios reglamentarios. “Es una cuestión muy fina, y es preferible llegar todos unidos a marzo”, desestimó otro diputado.
De alcanzar el control de la comisión, la oposición sería intransigente respecto al decreto que creó el fondo con destino al pago de la deuda, y pedirán su nulidad. La legislación es implacable: si la mayoría del Congreso así lo define, previo despacho de esa bicameral, la presidenta no tendría otra opción que desestimarlo.
El oficialismo, como están las cosas, podrá objetar en marzo que el decreto está firme. Para quitarle esa opción, el jefe del bloque Pro de Diputados Federico Pinedo, planea dos acciones judiciales.
Con el apoyo de otras bancadas, el brazo de Macri en la Cámara baja pedirá la nulidad del polémico DNU por haberse dictado cuando la comisión bicameral de Trámite Legislativo no estaba en funciones; y la acompañará de un amparo que lo defina como inconstitucional, ya que el artículo 29 de la Carta Magna le reserva al Congreso la resolución de medidas que hacen al pago de la deuda pública y al uso de reservas.
La avanzada opositora, además, tendría otro efecto inmediato: la incertidumbre de los acreedores que puedan beneficiarse de este fondo, cuya creación, en este contexto, pasaría estar en permanente duda.
Se avizora una dura pelea. “Si no se definen las autoridades, no podrán pronunciarse sobre el tema”, advierten desde el FpV, donde, apretados por los números, no descartan un plan B: dejar a la Comisión sin presidente, y aceptar que, de mantenerse la integración binaria haya siempre dos despachos de minoría para que sean considerados en el recinto. Todavía confían en embarrar la cancha en ese terreno.
Para lograrlo, las bancadas antikirchneristas pretenden imponer en los recintos al presidente de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de revisar los decretos del Poder Ejecutivo, y asegurarse así la mayoría de los votos en ese cuerpo.
El paso siguiente sería desestimar el decreto que creó el Fondo, que para ese entonces estaría firme por no haber sido objetado a tiempo por la Comisión. Esto ocurriría porque recién el miércoles quedará constituida, en una sesión especial convocada por los presidentes de ambas Cámaras.
Ese día el vicepresidente Julio Cobos, y el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, encargos de visar a los ocho representantes de cada Cámara, definirán a los integrantes de la Bicameral. La semana pasada habrían acordado repartirlos en partes iguales entre oficialistas y opositores. La reunión tendrá tres temas en el temario: la designación de autoridades, y los dos decretos firmados por la presidenta en estos días, que fueron el del fondo del bicentenario, y el veto a dos artículos de la reforma política.
Hasta ahora, la estrategia del oficialismo es impedir que la comisión se expida sobre estos decretos, para que así queden firmes. Es que el miércoles sería en último día de plazo para que la bicameral se pronuncie por cualquiera de ellos, y para hacerlo, requiere de la mayoría de los votos, hoy divididos en partes iguales entre oficialistas y opositores.
La paridad sólo puede romperse con el voto del presidente de la Comisión, cargo que debiera definirse en la misma reunión del miércoles. Y en este escenario, los dos bandos pugnan por quedarse con ese casillero, clave para tomar el control de los dictámenes.
La paridad y la dificultad para alcanzar un acuerdo político, situaciones que no encuentran precedentes, derivó en un estudio fino del reglamento de ambas partes para definir los pasos a seguir.
La oposición, que pretende que la comisión sea presidida por el diputado radical Rubén Lanceta, ya delineó su estrategia en caso de que, una vez más, la sangre llegue al río: disponer que las autoridades de la bicameral se definan en los recintos.
El kirchnerismo reclama la presidencia
El jefe del bloque de Senadores del Frente para la Victoria-PJ, quien será una de las espadas kirchneristas en la comisión, anticipó que peleará para que la presidencia de la comisión recaiga en el oficialismo.
"El oficialismo tiene derecho a ejercer la presidencia de la Bicameral de Trámite Legislativo y por eso reclamamos la autoridad de ese cuerpo para un diputado del oficialismo", reclamó.
Pichetto está en mejores condiciones para presionar: en el Senado, donde la nueva composición del cuerpo aún no sesionó, su bloque reúne hasta ahora a 32 legisladores y cuenta con tres aliados seguros, por lo que sólo requiere dos para alcanzar el quórum.
Si lo logra, podrá impedir que la oposición termine usando los recintos para quedarse con la presidencia de la Comisión, tal como planean los diputados.
El rionegrino defendió los DNU (decretos de necesidad y urgencia). “Son instrumentos consagrados por la Constitución Nacional como una clara herramienta que tiene el Gobierno para actuar sobre problemáticas que se caracterizan por la inmediatez", indicó.
Lo apoyó el diputado kirchnerista Jorge Landau, quien dijo que “el oficialismo no está dispuesto a entregar la presidencia", y consideró que deben ser “los integrantes de la comisión los que se reúnan el próximo miércoles y designen a sus autoridades".
La postura de la oposición la defendió Gerardo Morales, jefe del bloque de senadores de la UCR, quien, confiado, amenazó: "si el miércoles próximo no se resuelve la cuestión de las autoridades, será en los plenos de cada Cámara donde se determinará".
“Kirchner no quiere terminar el año con otro revés en el Congreso cediendo la presidencia de la Comisión, pero lo va a tener en el recinto, y va a ser peor”, alertó un diputado opositor con silla asegurada en la bicameral.
La guerra de marzo
Las bancadas antiK creen que será casi imposible forzar una ampliación de las sesiones ordinarias para que el Congreso tenga actividad en el verano, una acción que estudian varios legisladores amparándose en algunos artilugios reglamentarios. “Es una cuestión muy fina, y es preferible llegar todos unidos a marzo”, desestimó otro diputado.
De alcanzar el control de la comisión, la oposición sería intransigente respecto al decreto que creó el fondo con destino al pago de la deuda, y pedirán su nulidad. La legislación es implacable: si la mayoría del Congreso así lo define, previo despacho de esa bicameral, la presidenta no tendría otra opción que desestimarlo.
El oficialismo, como están las cosas, podrá objetar en marzo que el decreto está firme. Para quitarle esa opción, el jefe del bloque Pro de Diputados Federico Pinedo, planea dos acciones judiciales.
Con el apoyo de otras bancadas, el brazo de Macri en la Cámara baja pedirá la nulidad del polémico DNU por haberse dictado cuando la comisión bicameral de Trámite Legislativo no estaba en funciones; y la acompañará de un amparo que lo defina como inconstitucional, ya que el artículo 29 de la Carta Magna le reserva al Congreso la resolución de medidas que hacen al pago de la deuda pública y al uso de reservas.
La avanzada opositora, además, tendría otro efecto inmediato: la incertidumbre de los acreedores que puedan beneficiarse de este fondo, cuya creación, en este contexto, pasaría estar en permanente duda.
Se avizora una dura pelea. “Si no se definen las autoridades, no podrán pronunciarse sobre el tema”, advierten desde el FpV, donde, apretados por los números, no descartan un plan B: dejar a la Comisión sin presidente, y aceptar que, de mantenerse la integración binaria haya siempre dos despachos de minoría para que sean considerados en el recinto. Todavía confían en embarrar la cancha en ese terreno.
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