En un hecho extraño para la Justicia de la ciudad, los tres jueces de la Sala 2 en lo Contencioso Administrativo recorrieron hoy las obras del Arroyo Maldonado luego de una denuncia de la Coalición Cívica.

En julio el juez en lo Contencioso Administrativo Vicente Cataldo había ordenado suspender la obra al considerar los informes técnicos presentados por los diputados de la CC sobre la contaminación del Puelche, como también las modificaciones de la obra y el incremento del precio original.

Así, los magistrados Eduardo Russo, Nélida Daniele y el polémico Esteban Centanaro (el padre de la legisladora que se pasó del kirchnerismo al macrismo a días del cierre de listas) recorrieron durante dos horas y media el predio de Costanera Norte donde se encuentra el pozo trifolio que, según la denuncia, fue modificado.

Alrededor de las 13.30 los jueces comenzaron a preguntar distintas cuestiones técnicas de los trabajos mientras se podía ver a los obreros realizando distintas labores.

Desde el macrismo, quien llevó la voz cantante fue el director de la obra del Maldonado, Eduardo Cohen, un oscuro funcionario vinculado a la tragedia de Cromañon (se lo acusa de haber firmado los planos truchos de la instalación electromecánica del boliche de Once).

De la inspección ocular también participaron el subsecretario de Obras, Sergio Agostinelli, un grupo de funcionarios del ministerio de Desarrollo Urbano, el legislador porteño Patricio Di Stéfano y el procurador Pablo Tonelli.

Facundo Di Filippo, legislador porteño de la CC y uno de los denunciantes, advirtió que esas modificaciones técnicas pueden causar "un daño ambiental irreversible en una de nuestras mayores reservas de agua", ya que las perforaciones proyectadas originalmente a 31 metros fueron llevadas a 48 metros y, de esa manera, se contaminará el Puelche, acuífero que comparten la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos y que abastece a millones de sus habitantes.

Ni bien comenzada la recorrida, uno de los denunciantes, el ex legislador porteño Milcíades Peña, hizo una breve exposición con maquetas (en escala 1 en 100) para explicar que la obra en curso "nada tiene que ver" con el diseño aprobado por la Legislatura porteña en el 2005 (ley 1.660) y que el gobierno porteño decidió cambiar el proyecto original “de manera inconsulta”.

Más tarde, el director de Legal y Técnica de Desarrollo Urbano, el radical Cristian Fernández, encaró al ex diputado. “¿Qué pasa acá? ¿Qué buscan con esto?”, vociferó con los magistrados a unos metros y ante la mirada de los otros dos denunciantes, los legisladores Sergio Abrevaya y Facundo Di Filippo, y un equipo de peritos de la CC.

Luego los camaristas le preguntaron a los funcionarios del PRO sobre posibles filtraciones en el pozo ante la presencia visible de agua. La respuesta fue que se veía agua porque se estaba lavando material de trabajo.

Otro punto polémico se dio cuando se les consultó sobre la excavación del pozo. Es que, según el expediente judicial se terminó el 26 de mayo. Sin embargo, Tonelli respondió que en junio ya había finalizado.

Sergio Abrevaya, legislador porteño de la CC y uno de los denunciantes, recordó que la obra fue otorgada en licitación a la empresa Ghella Italiana por 495 millones de pesos, pero que el costo se elevó en unos 70 millones de pesos luego de que esa compañía se asociara con la local IECSA, que presidía Franco Macri y cuya titularidad ejerce ahora uno de sus sobrinos, Angelo Calcaterra.

Fuentes de la CC aseguraron a LPO que en la causa consta que en junio hay órdenes de obra para hacer excavaciones.

Sobre el final Peña preguntó, delante de los magistrados, si Cohen podía contar cuál era su profesión. “Soy ingeniero”, dijo; a lo que el ex legislador agregó: “Sí, ingeniero electromecánico, y el pliego pide específicamente que sean ingenieros civiles los que estén a cargo de esta obra”.

Minutos más tarde, en la oficina – trailer, los jueces firmaron el acta que corresponde a una inspección ocular.

Allí, dejaron constancia que se estaban realizando trabajos en el lugar, sin precisiones sobre el pozo en cuestión claro está, y Cohen admitió ante los camaristas que se estaba aplicando un revestimiento plástico para evitar filtraciones en el pozo.

Ahora, tras este paso, todo indica que la Cámara pedirá en algunos meses a una audiencia a las partes para analizar la medida cautelar. Según cuentan a LPO fuentes judiciales, los camaristas no quieren apresurarse y se tomarán “todo el tiempo necesario”.