La polémica en torno al avance de las causas por violaciones a los derechos humanos sumó hoy un nuevo capítulo. La jueza de la Corte Suprema respondió con dureza a los reiterados pedidos de Cristina Kirchner de mayor celeridad en esas investigaciones.

"Le diría a la señora presidenta que no es cierto que los poderes Legislativo y Ejecutivo han hecho todo y ahora es la hora de la Justicia", arremetió Argibay durante una charla de la que participó hoy en la provincia de Mendoza.

A la fuerte réplica, le sumó un pedido de más fondos para agilizar el trámite de los expedientes y mejorar el trabajo de la justicia en general. "El [Poder] Legislativo y el [Poder] Ejecutivo nos han recortado el presupuesto", se quejó.

Además, cuestionó la demora en el nombramiento de jueces, un proceso en el que interviene el Congreso y, en última instancia, el Poder Ejecutivo. "Si quieren que aceleremos los juicios, primero nombren los jueces que no tenemos", advirtió la jueza.

El embate de Argibay fue más allá. "Ellos creen que con haber puesto por delante la intención de hacer los juicios y derogar las leyes de obediencia debida y punto final ya estaban hechos. No es cierto. Todavía falta mucho y hay que hacer muchas cosas. Las investigaciones no son fáciles y ha pasado mucho tiempo", planteó en obvia alusión a los Kirchner.

No obstante, la jueza admitió que los problemas en el funcionamiento de la justicia no son exclusivamente adjudicables a la falta de presupuesto. "No es sólo una cuestión de dinero. Reconozco que hay culpa de muchos jueces. Aquí ninguno es un santo, ninguno esta libre de culpa ni puede tirar la primera piedra".

Argibay hizo estas declaraciones durante una charla sobre "Capacitación e independencia judicial" en el salón de actos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Participaron el titular del cuerpo, Jorge Nanclares y el gobernador Celso Jaque, entre otros funcionarios.

En el discurso ante la Asamblea Legislativa, el domingo último, como lo había hecho en otras oportunidades, culpó a la Justicia por la demora en los juicios por violaciones a los derechos humanos. Y señaló a la Justicia como la única responsable de esa situación.

En su mensaje, las pocas palabras que dedicó a la Justicia fueron para señalar que el Poder Ejecutivo y el Congreso ya hicieron su tarea y que, "ahora, es el momento de la Justicia".

Esa fue una respuesta elíptica a varias críticas que, el año pasado, surgieron en la Corte Suprema cuando desde el Poder Ejecutivo se le endilgó a los jueces la culpa por las demoras. La situación no es sencilla, porque hay 800 causas en trámite y tan sólo 33 fueron elevadas a juicio oral.

En diciembre último, el ministro Carlos Fayt culpó al Congreso de no haber dictado una ley procesal adecuada para megacausas, en las que hay multiplicidad de imputados y testigos.

Unidad especial. Además, en diciembre último, la Corte emitió una acordada por la que creó una unidad especial para monitorear el desarrollo de las causas contra represores, pidió a los jueces que aceleren el trámite de los procesos e instó al Gobierno y al Congreso a buscar soluciones.

El organismo que tendrá competencia para requerir informes a los jueces que registren atrasos en esas causas y llamó a los magistrados a mejorar la coordinación con los fiscales. Además, exhortó al Congreso a dictar normas procesales más ágiles y demandó la creación de nuevos tribunales orales.

Hace dos años, las críticas oficiales estuvieron dirigidas a la Cámara de Casación, que en 2008 volvió a ser noticia y a reactualizar el tema cuando, por deficiencias en la celeridad de los procesos, decidió excarcelar a algunos represores. Esa medida, ahora, llegará a estudio de la Corte.

Desafío. Más allá de esa situación, la complejidad de las causas de derechos humanos se debe a que están dispersas en todo el país y son investigadas por una pluralidad de juzgados y tribunales que no están completos, por renuncia de muchos jueces.

Mientras algunos tribunales están completos, pero tienen a estudio muy voluminosos casos -es la situación del Tribunal Oral Federal N° 5 de la Capital Federal, que concentra los juicios de la ESMA y el Primer Cuerpo de Ejército-, otros tribunales están incompletos y son atendidos por jueces provisionales.