El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, volvió a denunciar hoy que los juicios contra represores parecen un "chicle" y le reclamó celeridad a los magistrados para su tratamiento.

Fernández sostuvo que la resolución de las causas se retrasa a partir de "chicanas, refutaciones y nulidades infundadas".

"Muchos jueces han tenido actitudes conservadoras", advirtió el ministro.

Según el funcionario, hay magistrados que "permitieron que los procesos en los que ex represores son imputados sean chicle, porque se estiran y se estiran para que se venzan los procesos".

De esa forma, el ministro ratificó la posición oficial en el marco de una polémica con la Corte Suprema.

Ayer, dos miembros del máximo tribunal salieron a replicar las últimas expresiones de la presidenta Cristina Kirchner y del jefe de Gabinete, Sergio Massa, quienes responsabilizaron a la Justicia por las falencias en los juicios contra las violaciones a los derechos humanos y el aumento de los delitos comunes.

Mientras el juez Eugenio Zaffaroni dijo que el sistema penal atraviesa un "momento catastrófico" y atribuyó esa cuestión a las reformas hechas por los políticos el Código Penal, su par Carmen Argibay sostuvo que los procesos se demoran porque el Ejecutivo no se ocupa de nombrar jueces para que los sigan.

La embestida había sido iniciada por la Presidenta durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, cuando dijo que el Ejecutivo y el Legislativo ya hicieron todo lo necesario para el juzgamiento de los represores y es hora de que actúe la Justicia.

Por su parte, Argibay le reclamó a la Presidenta un incremento en los fondos que la Nación destina a la Justicia, al considerar que no se pueden "acelerar los juicios" sin "infraestructura ni dinero".

Según evaluó, "todos los juicios deben acelerarse, no sólo los juicios a represores".

No obstante, en conferencia de prensa en Mendoza, enfatizó: "No tenemos infraestructura, no tenemos jueces y no tenemos dinero para pagar a los empleados y toda la parte informática".

A la vez, la magistrada de la Corte Suprema se quejó porque -aseveró- "no es cierto" lo que dijo la Presidenta ante la Asamblea Legislativa.