No es de extrañar que el kirchnerismo se embarque en una operación político económica de altísima complejidad sin mayores recaudos. Esta audacia temeraria lo llevó a estatizar de un plumazo los fondos de la AFJP en una decisión cuyos efectores reales se verán en los próximos años.

Con el mismo desparpajo ahora filtró una eventual nacionalización del comercio de granos –el principal activo de la Argentina-, que como informó en primicia exclusiva La Política Online podría ir desde obligar a los productores a vender su cosecha al Estado al precio que este fije, hasta el extremo de expropiar los puertos y demás instalaciones de punta que construyeron los grandes exportadores, en los polos ultratecnificados de Bahía Blanca y Rosario.

Una fuente muy calificada del mundo agroindustrial que pidió mantener reserva de su identidad por la delicada situación que se vive en el sector, explicó a La Política Online los posibles efectos negativos que una estatización del comercio de granos le producirían a los productores y al país.

“El gobierno tal vez no se haya dado cuenta que hoy las grandes firmas exportadoras son las que le financian las cosechas a los productores. Estas firmas que mueven miles de millones de dólares consiguen líneas de crédito de bancos del exterior que les permiten pagar al contado la cosecha a los productores. Difícilmente un país con el riesgo país de Argentina y que viene de un default, podría acceder a estos créditos”, afirmó la fuente.

“Entonces el Estado se vería ante una disyuntiva: O compra y vende la cosecha en el día, con el riesgo de malvenderla; o emite para pagar al productor y con eso activa la inflación”, agregó.

Hoy las grandes exportadoras como Cargill, Bunge, AGN, Noble y tantas otras de nivel internacional, cuentan con la logística necesaria para comprar la cosecha a los productores y almacenarla hasta que el mercado global ofrezca los mejores precios. Este trabajo de traders, esta logística y este acceso al crédito internacional, aparece como un desafío muy lejano para un Estado con serias deficiencias técnicas como el kirchnerista.

Pero no es el único riesgo. Además, las naciones que hoy le compran a estas firmas, difícilmente acuerden contratos diferidos con el Estado argentino que, por ejemplo en su errática política de exportación de carnes –caso Rusia-, no ha dudado en incumplir sus compromisos externos por cuestiones de política interna.

Freno inversor

El famoso polo aceitero de Rosario con sus modernísimas terminales de “crushing” (molienda de granos) y puertos de punta, se conformó gracias a multimillonarias inversiones de firmas privadas. Un proceso similar a menor escala se desarrolló en Bahía Blanca.

“Si se estatizara el comercio, difícilmente estas firmas continuarían invirtiendo en una infraestructura y logística, que hizo de la Argentina potencia en un tramo vital del intercambio mundial de alimentos. El país se quedaría con su actual infraestructura, pero no evolucionaría más allá”, agregó la fuente consultada.

“Es mas, esa inversión se dio gracias a que la Argentina tenía uno de los mercados más transparentes del mundo en materia de granos, que fomentaba la competencia y el ingreso de nuevos jugadores”, agregó la fuente.

Descrédito internacional

Se suma a esto que este tipo de organismos estatales están en desaparición en los pocos países agrícolas que los siguen manteniendo, como es el caso de Australia y Canadá.

En ambos países, la estatización del comercio de granos se centraba básicamente en el trigo y aún así se vieron forzados a desmantelarlos en medio de gravísimos escándalos de corrupción.