Sergio Massa sumó en los últimos días la potestad para decidir si aprueba o no los viajes al extranjero de todos y cada uno de los funcionarios de la Administración Pública Nacional, excepto el cuerpo diplomático y la Cancillería.

Según el diario La Nación, la medida se dispuso por medio de la decisión administrativa 46/2009 publicada el viernes último en el Boletín Oficial, con la firma del jefe de los ministros y del ministro del Interior, Florencio Randazzo.

A partir de la resolución, todo el personal por debajo del rango de ministro deberá pedirle a la jefatura de Gabinete una autorización por medio de una nota en la que será condición sine qua non detallar el motivo y la duración del viaje, además de argumentar por qué no es posible atender desde la Argentina aquellos menesteres que exigen el desplazamiento pretendido.

De acuerdo con el articulado de la norma, la jefatura de Gabinete se tomará tres días para analizar cada caso y responderá la petición cursada. Y en caso de que un ministro que no sea Massa o cualquier otro responsable de área autorice un viaje sin cumplir el procedimiento dispuesto "incurrirá en una falta grave y será personalmente responsable por los gastos en que hubiera incurrido el Estado nacional".

La medida, por demás inusual para el espectro político, alcanza desde los secretarios de Estado hacia abajo en el organigrama de jerarquías del Estado. E incluye a la administración centralizada, a los organismos descentralizados, a las empresas y sociedades del Estado, obras sociales, entidades financieras oficiales y cualquier otro ente del Poder Ejecutivo.

Además de un gesto para limitar las salidas al exterior de los funcionarios en medio de la crisis, la resolución significa más poder para Massa en un Gabinete en el que, a contramano del manual del buen kirchnerista, comienzan a aflorar fisuras, disidencias y suspicacias cruzadas.

"No queremos que el Estado termine siendo una agencia de turismo para algunos", dijo Massa al matutino para explicar el espíritu de la medida.

"Queremos que, en este contexto internacional de crisis, los viajes estén direccionados a la estrategia del país en función del desarrollo. Lo importante es que el nivel y el sentido del gasto tenga un objetivo claro, que esté atado a la estrategia global del país", abundó Massa.

"La resolución responde a una decisión de la Presidenta", respondió, lacónico, el ministro ante cualquier posible enojo de algún ministro.

La decisión de controlar las salidas al extranjero se toma en un escenario político de múltiples controversias en torno del empleo de los recursos públicos para fines personales, sobre todo en lo que atañe a los viajes.

Una semana atrás, el abogado Ricardo Monner Sans denunció ante la Justicia al ex presidente Néstor Kirchner por el uso de los bienes del Estado en su carácter de jefe político del Partido Justicialista. Apuntó a la utilización por parte de Kirchner del avión Tango 01 para participar de actos partidarios en el interior del país.

A esto se suman otros episodios que el kirchnerismo preferiría no recordar y que hacen al empleo de los recursos públicos en el exterior. El más emblemático es el desatado tras la denuncia de los abogados Ricardo Gil Lavedra, Andrés D´Alessio y Julio Strassera para que la Justicia investigara las cuentas de los viajes de instalación internacional de la campaña presidencial de Cristina Kirchner en 2007.

La Secretaría General de la Presidencia reconoció en esa causa, que se tramita en el juzgado de Norberto Oyarbide, el pago de propinas por parte del equipo de vocería presidencial por unos 8570 dólares en tres días, suites de 2200 euros por noche y desayunos en la cama de 165 dólares.

A todo esto, el Poder Ejecutivo le retaceó dos semanas atrás al vicepresidente Julio Cobos los aviones de la flota oficial para que éste pudiera viajar a Tartagal, Salta, para ponerse en contacto con las víctimas del alud. Y la semana última le demoró una petición de viáticos cursada a la Presidencia para participar en Ecuador de un foro legislativo regional, que clausuró junto al presidente Rafael Correa.