El campo da señales de diálogo pero el Gobierno parece que no cambiará demasiado su política sobre el sector agropecuario.

Luego de que se supiera que el kirchnerismo no tiene intenciones de bajar las retenciones, el titular de Federación Agraria, Eduardo Buzzi, afirmó hoy que existen "alternativas" para ayudar al campo aún si el Gobierno insiste en no modificar los impuestos a las exportaciones. Sin embargo, consideró que es "inevitable" tratar el tema de ese gravamen en una eventual reunión con Cristina Kirchner.

Buzzi, en diálogo con radio Continental, sostuvo que "se puede ir a una reunión aunque se conozca de antemano la respuesta, pues se deben expresar alternativas al tema retenciones" y analizar la política agropecuaria "fronteras adentro" teniendo en cuenta la caída de exportaciones por la crisis internacional.

Las condiciones de Kirchner

Néstor Kirchner ya tiene pensadas esas políticas y bajó la orden a sus alfiles. Según publica hoy el diario Ambito Financiero, el ex presdiente interviene de manera directa en la organización del potencial diálogo con el campo. Desde Olivos ya dio instrucciones a los negociadores oficiales que le responden directamente –o sea, los ministros de Planificación, Julio De Vido, y de Interior, Florencio Randazzo-.

El ex presidente les dejó claro a los dos ministros que desde el Ejecutivo hay un umbral de discusión que no se está dispuesto a atender: las retenciones a las exportaciones de soja son inamovibles, sea cual sea el panorama y el avance de las discusiones con el campo. “Nuestra buena fe estará demostrada en la voluntad de explicarles pacientemente a los representantes del agro, por qué no podemos reducir las retenciones. Hablaremos de nuestra política para el sector, de la redistribución del ingreso y, si es necesario, sobre los datos fiscales que nos impiden pensar en una baja en las retenciones. Pero hasta allí llegaremos”, reflexionaba este fin de semana ante este diario uno de los funcionarios que estará presente en la mesa de negociaciones con el campo, si es que se concreta.

Y planteó dos condiciones fundamentales para que avance el diálogo, indica el matutino.

La primera es un gesto directo de parte de los exportadores agrícolas para que liquiden los U$S 3.000 millones en mercadería que, según los cálculos del ex presidente, se mantienen en stock sin vender. La segunda es que intervenga directamente el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, como hombre fundamental para llegar a cualquier acuerdo. Un funcionario que no tiene el aprecio de los productores por sus constantes intervenciones en el mercado y en la ayuda arbitraria que da a algunos ruralistas para paliar la sequía. Uno de los reclamos del campo es que exista un normal funcionamiento de los mercados y las coberturas.

El ex presidente expresó este fin de semana que ambas condiciones, fundamentalmente la primera, mostrarían que realmente hay buena voluntad de parte del campo para avanzar en el diálogo.

La polémica de los U$S 3.000 millones comenzó cuando a mediados de diciembre de 2008, Néstor Kirchner recibió de Olivos, desde la Secretaría de Hacienda de Juan Carlos Pezoa, los datos sobre la evolución de la recaudación de las últimas semanas del año pasado, donde se mostraba la caída abrupta de los ingresos por retenciones. A esa altura, la baja ya se estacionaba en los $ 1.000 millones mensuales. La interpretación kirchnerista rechazó todas las versiones sobre la caída de los precios internacionales de la soja y sus primeros efectos, y se concentró en investigar a los exportadores sojeros.

Rápidamente consiguió datos sobre la posible existencia de grandes cantidades de la oleaginosa en silos y depósitos de todo el país, las que podrían llegar a superar esa cifra, según reconoció públicamente el entrerriano Alfredo de Angeli. El resto fue la interpretación exclusiva del ex presidente. Según Kirchner, el campo presionaba al Gobierno con esta posición, buscando, en el mejor de los casos, una rebaja en las retenciones, o, en el peor, desestabilizar a Cristina. Por esto, el ex presidente considera que la liquidación de estas operaciones es condición indispensable para reanudar el diálogo entre el Gobierno y el campo. Más si se tiene en cuenta que, según los cálculos de Olivos, esos U$S 3.000 millones generarían entre 800 y 1.000 millones de pesos de ingresos no coparticipables para el Gobierno en plena era electoral.
Los volúmenes del mercado cambiario muestran una notable reducción, producto de la caída en la liquidación de divisas de los exportadores de cereales y oleaginosas. Sobre la