Aunque sean miles de kilómetros los que separen la Casa Rosada del Kremlin, algunas similitudes hacen que esa distancia se achique. Es que tanto el primer ministro, Vladimir Putin, como el ex presidente Néstor Kirchner, están encolumnados dentro de una estrategia de control estatal de empresas clave o dejarlas en manos de cuatro o cinco empresarios alineados directamente con el gobierno y, para eso, cuentan con un soldado efectivo y fiel que lleve adelante el trabajo sucio.

En la Argentina, el hombre que trata directamente con las grandes empresas y lleva en sus propias manos los papeles y las cuentas de los grandes negocios es el ministro de Planificación, Julio De Vido. A través de su escritorio se desarrollan los planes de estatización o de entrega de empresas y negocios a los grandes empresarios K, como los Eskenazi, los Bulgheroni, los Lázaro Báez, los Cristóbal López o los cordobeses de Electroingeniería.

La versión rusa cuenta con un hombre de similares características, aunque con un accionar tal vez más intrincado aún. Su nombre es Igor I. Sechin, funcionario, mano derecha del primer ministro y brazo ejecutor de sus planes para recuperar la explotación de los recursos naturales rusos.

Sechin participó activamente de la reunión que hoy tuvieron Cristina Kirchner y Putin, donde casualmente también estaba Julio De Vido y la flamante ministra de Producción, Débora Giorgi. Todavía no trascendió si hubo algún fruto de ese encuentro.

Hoy, La Nación publica una nota firmada por Clifford J. Levy para The New York Times, donde no sólo presenta el oscuro accionar de Sechin, sino que además revela el funcionamiento del gobierno ruso para participar de los negocios rusos. Cualquier similitud con la Casa Rosada, es pura coincidencia.

Aquí el artículo completo:

BEREZNIKI, Rusia.- A fines de octubre, uno de los principales asesores de Vladimir V. Putin convocó de repente a un empresario minero multimillonario a una reunión privada. El funcionario, Igor I. Sechin, había manifestado un súbito interés por un accidente ocurrido hace dos años en las muy lucrativas explotaciones mineras del oligarca en Berezniki, el centro industrial del interior de Rusia.

Sechin, que encabeza una oscura facción del Kremlin vinculada con los servicios de seguridad, ordenó una nueva investigación del accidente y amenazó con multas gigantescas a la empresa Uralkali.

Alarmado, el empresario Dimitri E. Rybolovlev señaló que el gobierno ya había investigado a fondo el incidente y había liberado a la empresa de toda responsabilidad. Procuró invalidar la investigación y dijo que pagaría por una parte de los daños de infraestructura causados por el accidente, el desmoronamiento de una mina que no produjo pérdidas humanas pero que dejó un enorme pozo provocado por el hundimiento.

Su oferta fue rechazada y resultó claro por qué: el Kremlin maniobraba para apoderarse directamente de Uralkali.

Putin, ex presidente y actual primer ministro ruso, siempre ha sostenido que Rusia cometió un error colosal en la década de 1990 al permitir que sus enormes reservas de petróleo, gas y otros recursos naturales cayeran en manos privadas. Y ha actuado inflexiblemente -especialmente en el caso de la compañía petrolera Yukos, en 2003- con el fin de recuperarlas.

Ahora, el Kremlin parece estar aprovechando la crisis económica global para establecer un mayor control sobre las industrias, debilitadas financieramente, que siempre ha deseado poseer, en especial aquellas relacionadas con los recursos naturales.

El mes pasado, por ejemplo, el gobierno asumió mayor poder sobre Níquel Norilsk, la mayor productora de níquel del mundo, cuyos accionistas principales, dos empresarios multimillonarios, tienen problemas financieros. Y Putin dijo el jueves pasado que analizaba la posibilidad de otras intervenciones similares.

El caso de Uralkali es el mejor ejemplo de la voluntad de las autoridades rusas para usar cualquier procedimiento con tal de hacerse del control de las empresas, incluyendo someterlas a investigaciones dudosas a las que no puedan resistirse, según expresan analistas financieros rusos.

A la cabeza de estos intentos se encuentra Sechin, de 48 años, hombre de confianza de Putin desde la década de 1990. Se cree que Sechin ha utilizado los servicios secretos y otras ramas del gobierno para apoderarse de las empresas. "El organiza ataques de incautación, a veces para beneficio del Estado y otras veces para beneficio de empresas amigas", señaló Olga Krystanovskaya, experta en el Kremlin del Centro de Estudio de Elites de Moscú.

El rey del fertilizante

Las acciones de Uralkali, antes altamente valoradas por los gerentes financieros de fondos, han caído más de un 60% desde que se inició la investigación, mucho más que el mercado de valores ruso en general. Eso le ha provocado enormes pérdidas a Rybolovlev, de 42 años, conocido como el rey del fertilizante ruso por dominar el negocio de la extracción de potasa, un componente principal de los fertilizantes. En junio, cuando Uralkali estaba en alza, Rybolovlev, hasta entonces de bajo perfil, atrajo la atención general tras comprar la mansión de Donald J. Trump en Palm Beach, Florida, por 95 millones de dólares.

El Kremlin no ha dicho cuándo se tomará una decisión sobre Uralkali. La empresa, por su parte, espera poder alcanzar un acuerdo, aunque teme que el gobierno le imponga una multa superior a los 1000 millones de dólares, el equivalente a los impuestos que habría tenido que pagar si la sección desmoronada de la mina hubiera seguido activa.

Más control del Estado

No puede decirse que Rusia sea el único país que participa en la propiedad de las empresas en medio de la crisis internacional. Pero muchos gobiernos parecen asumir esta tarea casi por obligación. Los gobernantes rusos, sin embargo, parecen ver en la crisis una oportunidad para ampliar aún más su control sobre la economía, concentrando aún mayor poder y riqueza en el Kremlin.

"Pondremos capital directamente en todos los casos en los que eso sea beneficioso para el Estado y, en última instancia, para los contribuyentes", dijo Putin en un mensaje por televisión el jueves pasado.

Los gobernantes rusos fijaron su atención sobre Uralkali posiblemente por sus impresionantes números. Sus ganancias se triplicaron en la primera mitad del año, hasta alcanzar los 550 millones de dólares.

Los rusos albergan sentimientos ambivalentes hacia oligarcas como Rybolovlev. Tienden a pensar que todo ese dinero fue acumulado por medios turbios en la década de 1990 (el propio Rybolovlev fue acusado de orquestar el asesinato de un rival en esa época, aunque fue liberado de culpa y cargo). Pero también les preocupa que los funcionarios del gobierno quieran apoderarse de esas empresas y que las administren ineficazmente, como ocurría en el período soviético.

En Berezniki, al noreste de Moscú, en los Urales, la nueva investigación ha despertado preocupación entre algunos mineros, que temen ver reducidos sus salarios si el gobierno se apropia de la empresa. "A nosotros nos parece que las autoridades simplemente pretenden quitarle la empresa a Rybolovlev", dijo Vladimir Smirnoff, uno de los trabajadores de la mina.

La nueva investigación tiene ecos del caso que ha definido la presidencia de Putin: la nacionalización forzosa de Yukos, antes la mayor empresa petrolera del país. Se dice que Sechin encabezó ese caso y ahora ocupa el cargo de director de Rosneft, la compañía estatal que absorbió muchos valores e instalaciones de Yukos.