Sólo una hora más tarde de los anuncios del Gobierno para favorecer a las Pymes, sus principales representantes desfilaron por el Congreso para exigir, casi en tono de súplica, ser excluidos de la ley antidespidos que se tratará el jueves en Diputados.

El plenario empezó a las 11 y siguió hasta las 15 horas, con relatos de vida de empresarios de todo el país, algunos con toques emocionales, siempre con el objetivo de diferenciar de las grandes empresas.

Los oradores más enérgicos fueron Daniel Funes de Rioja (Copal) y Osvaldo Cornide (Came), viejos lobos de foros empresariales.

Combativo, Funes de la Rioja aseguró que “no hay una emergencia ocupacional objetiva en la industria”.

“Llamamos a que pongamos el foco en la creación de empresas, en la formalización, en el entrenamiento laboral de los trabajadores”, exigió

Se preguntó a los legisladores si alguna vez tuvo sentido aprobar leyes para impedir trabajo en negro, si al final sigue habiendo y mucho.

“Porque lo que tenían que hacer es facilitar los trámites para blanquear gente. Acá pasa lo mismo: atacan las consecuencias y no las causas”, desafió. 

Y cuando algún murmullo buscó responsabilizarlo de los trabajo en negro no se achicó. “Yo pediría que bajen los impuestos o saber porqué Argentina tiene un costo logístico hasta 5 veces más grande que la media”, sugirió.

Cornide no se quedó atrás: “No nos pueden poner al lado de esos monstruos para quienes el obrero es un número”, exigió poco después Cornide y pidió una ley de “emergencia Pymes”.

La CAME llevó a decenas de referentes de todo el país y cada uno fue contando su historia de vida. “¡No vinimos a escuchar las discusiones políticas!”, mostró su nerviosismo Fabián Tarrío, histórico dirigente de la Came.

No soportó un ataque de los kirchneristas Axel Kicillof, Silvia Frana y la socialista Alicia Ciciliani al economista Leonardo Gasparini, docente de la Universidad Nacional de La Plata, quien desautorizó el diagnóstico sindical sobre la caída del empleo.

“Me pasás los datos porque no figuran en ningún lado”, ironizó Kicillof. La idea de hacer exponer a supuestos especialistas, que tanto le gusta al presidente de la Comisión de Presupuesto Luciano Laspina, no convence a muchos de sus pares tras el debate por la ley de holdouts, cuando muchos economistas opinaron sin haber leído el acuerdo.

Los pequeños empresarios de todo el país derramaron lágrimas con relatos de su infancia empresarial o de sus empleados “que eran como su familia”. Pero todos pidieron que la ley antidespidos no salga. 

Pero después vinieron los duros, como Pedro Etcheberry, de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), quien sentenció que el proyecto “no tiene fundamento real porque no existe emergencia ocupacional”. “Sí existe emergencia económica, sin ninguna duda, pero no una emergencia ocupacional”, opinó.

Etcheberry fustigó la iniciativa aprobada en el Senado al sostener que “es increíble que una ley de siete artículos tenga tantos déficit técnicos”.

“Es una ley mezquina, reduccionista, conservadora, porque sólo se preocupa de la gente que tiene empleo, ¿y qué pasa con los trabajadores en negro, con los desocupados, los excluidos?”, cuestionó.

“Esta ley no produce ocupación; solo se preocupa por el que tiene trabajo y lo va a seguir teniendo porque se ha firmado un acuerdo para no despedir”, atacó.

Lo cruzó Héctor Daer, diputado del Frente Renovador y referente de Sanidad. "Que opine, pero no puede venir a adjetivar", reclamó. 

El único empresario a favor de frenar los despidos por ley es Rubén Manusovich, presidente de Fedecámaras y nostálgico de los años kirchneristas.

La Confederación General Económica (CGE), otra organización que caminaba a la par de Guillermo Moreno, no siguió ese camino y no apoyó.

“Estamos en desacuerdo con la media sanción del Senado. No se protegen los salarios de los empleados pymes porque haya una ley. Por ley no se salva un empleo”, advirtieron desde la CGE, y añadieron que “las pymes tienen más dificultad para tomar personal porque no saben cómo les va a ir”. “No somos propensos a despedir”, concluyeron.

También mandó representantes la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), afamada por albergar a los choferes del poderoso gremio de Hugo Moyano. No dejaron claro si estaban de acuerdo o no con la ley antidespidos.