Tras quedar firme la instancia de ballotage para definir al sucesor de Cristina Kirchner y el resonante triunfo de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, las principales empresas constructoras han comenzado a adoptar “movidas preventivas” ante el horizonte de ajuste que avizoran para las obras públicas en los primeros meses del próximo gobierno.

Reducción del personal contratado, suspensión de horas extras, cancelación de fiestas de fin de año y recortes de gastos en viajes y hoteles para los niveles gerenciales conforman el paquete de medidas que decidieron poner en marcha cinco de las grandes constructoras locales a partir de noviembre.

Luego de haber estado en el club de los más beneficiados con contratos y obras durante la administración kirchnerista, los empresarios de la construcción estiman que ahora –cualquiera sea el ganador de la segunda vuelta electoral—se viene un período de “ordenamiento y reequilibrio presupuestario” que impactará en la actividad del sector.

Salvo los grandes proyectos en marcha que cuenten con financiamiento externo, para las restantes obras de infraestructura se perfila un escenario complicado y de ajuste inevitable.

Además de la menor disponibilidad de fondos para obras que tendrán los nuevos funcionarios por el desmadre fiscal que dejará Axel Kicillof, los empresarios del sector advierten que hay otra “herencia” significativa que deberá afrontar la próxima administración.

Se trata de los certificados y contratos impagos que arrastran las distintas áreas que llevan adelante las obras públicas, entre las cuales sobresale la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) con facturas pendientes de cancelación de más de un año.

A la hora de analizar el nuevo escenario planteado por el resultado electoral, dos fuentes destacadas del sector –que pidieron mantener sus nombres en reserva—trazaron el siguiente panorama:

-) Antes de elecciones, en las empresas había algunas dudas sobre los planes que prometían los candidatos. Pero ahora y ante las crecientes dificultades que se registran en materia económica, ya se vislumbra que el próximo gobierno deberá corregir el desequilibrio fiscal y privilegiar los gastos sociales antes que las obras.

-) Al igual que las petroleras que están adelantando vacaciones y frenando el alquiler de equipos de perforación por la incertidumbre que tienen sobre los precios y las medidas que vienen, las principales constructoras también resolvieron “abrir el paraguas” con medidas de ajuste y austeridad.

-) Recorte de contratados y horas extras, achicamiento y suspensión de los premios y festejos de fin de año y reducción de viáticos para los directivos que viajan a inspeccionar obras y negociar contratos son las medidas que prevén instrumentar —entre otras empresas— Techint, Cartellone, Panedile, Helport, y Chediack.

-) Los problemas más marcados se esperan por el lado de las obras viales. Los pagos de Vialidad Nacional acumulan hasta 14 meses de atrasos y la deuda total que arrastra representa casi dos veces el presupuesto anual que tiene asignado.

-) Los créditos y fondos externos para encarar proyectos de infraestructura que prometen tanto Daniel Scioli, como Mauricio Macri podrían llegar a partir del segundo semestre de 2016, una vez que se ordenen las principales variables económicas y se encamine la solución para el tema de los holdouts.

-) Si gana Macri, más allá del funcionario que se haga cargo del área de Obras Públicas, las empresas del sector buscarán canalizar sus planteos y reclamos por medio de Nicolás Caputo, el vicepresidente del PRO y hombre de extrema confianza del actual Jefe de Gobierno porteño y candidato de Cambiemos.

-) Si bien pueden surgir contratiempos en la nueva etapa que arrancará el 10 de diciembre, la Cámara Argentina de la Construcción –bajo la conducción de Juan Chediack—no romperá la tradición y seguirá siendo “oficialista” más allá de quien desembarque en la Casa Rosada.