El asesinato de Gerardo Escobar a la salida de un boliche que funcionaba como after, del cual están sospechados patovicas del lugar, uno de ellos policía con licencia psiquiátrica, generó fuertes críticas a la gestión de Fein a quien se le cuestionó nuevamente la falta de control de la noche.

A su vez, el crimen del arquitecto Sandro Procopio, hermano de un reconocido periodista de la ciudad ocurrido en la misma semana, profundizó el estupor en la opinión pública, irritada a su vez por el silencio de los funcionarios municipales.

En medio de la tensión, Mónica Fein comunicó que a partir del 10 de diciembre asumirá en la Secretaría General, el dirigente de la Coalición Cívica-ARI, Pablo Javkin y en la Secretaría de Gobierno, Gustavo Leone, actualmente funcionario del gobierno provincial y que responde al círculo de Miguel Lifschitz.

Con este anuncio, Fein busca proyectar una imagen de amplitud y de incorporación de distintos sectores del Frente Progresista, tal como había prometido en campaña y a la par distender el clima político que la cuestiona tras los graves casos de inseguridad, sobre todo el de Escobar que comprometió los mecanismos de control del municipio.

Desde el mismo Frente Progresista saludaron la medida: “Estaba la presunción de un gabinete conformado por todos los sectores” afirmó en conversación con LPO la concejala radical María Eugenia Schmuck, una de las dirigentes que más acompañó a Fein luego del traspié en las PASO pero que pudo revertir en las elecciones generales.

Sin embargo, desde otros espacios del mismo Frente se hicieron escuchar voces críticas a la designación. “Nos sorprendió este anuncio público cuando aún no se han formalizado y revisado las condiciones y los espacios que ocuparán cada fuerza.”

En estricto off, un alto dirigente que integra la coalición progresista, reconoció que la designación de Javkin no se hizo de la manera acordada y alimentó las versiones que sostenían que la decisión respondió más a la delicada situación rosarina.

Por su parte, desde la Coalición Cívica quedaron conformes con el lugar que se le designó a Javkin ya que la Secretaría General les permite una importante función territorial, sobre todo en la coordinación de los distritos, un lugar estratégico para masificar la figura de Javkin de cara a una futura pelea por la intendencia.

La discusión por los after luego del crimen de “Pichón”

Gerardo “Pichón” Escobar fue visto por última vez con vida en la madrugada del 14 de agosto cuando se retiraba del bar que funcionaba como after “La Tienda”. Una semana después, luego de una intensa búsqueda por parte de familiares y amigos, su cuerpo fue encontrado flotando en el río.

El destino de Escobar rememoró el reciente caso de otro joven, Franco Casco, quien también terminó en el río y del cual pesan severas sospechas del accionar policial.

Durante la semana de incertidumbre que transcurrió desde la desaparición de Escobar hasta que fue encontrado en el Paraná, la oficina de Control Municipal trató de deslindar responsabilidades del bar donde fue visto por última vez.

Es que “La Tienda”, a pesar de estar habilitado como bar funcionaba como un boliche bailable cuyo horario se extendía hasta el amanecer a pesar de estar prohibido por las ordenanzas y el rubro “after” no figura en ninguna categoría reconocida por la Municipalidad.

A su vez, en el Concejo, los distintos bloques de la oposición emitieron numerosos pedidos de informes sobre los boliches que funcionan como after y que son de público conocimiento, uno de ellos era La Tienda al cual algunos vinculan a la banda Los Monos y desde algunos sectores sospechaban que se vendían drogas.

Una vez aparecido el cuerpo de Escobar, otro capítulo lo escribió la fiscalía quien aseguró que la autopsia practicada no manifestaba que el cuerpo de la víctima hubiera recibido golpes y que se presumía que la muerte se había producido por ahogo.

Los argumentos de la fiscal cayeron cuando las filmaciones de las cámaras de seguridad de la zona advertían que el joven efectivamente había sido golpeado por patovicas del lugar, de los cuales dos eran policías del Comando Radioeléctrico que hacían adicionales.

El caso generó múltiples derivaciones cuestionándose los controles del municipio sobre los boliches, el personal de seguridad que contratan, los vínculos presuntos con el narcotráfico y el accionar de la justicia y del Ministerio de Seguridad.

En medio de los cuestionamientos, la Municipalidad tuvo que volver sobre sus pasos en la re-habilitación de otro boliche que funcionaba como after, “Ay Ramírez”, cerrado desde el 2013 luego de registrarse serios conflictos e incidentes y que pretendía su apertura luego que la gestión de Fein lo autorizase

Sin embargo, tras las denuncias públicas y mediáticas, finalmente la Municipalidad decidió dar marcha atrás con el permiso argumentando que lo que se publicitaba por las redes sociales no era acorde al permiso otorgado.