La usurpación por parte de Presidencia de la Nación de la Plaza Colón, terreno que pertenece al a Ciudad de Buenos Aires, se transformó en asunto de Estado. Desde el gobierno porteño confirmaron a La Política Online las violaciones que realiza Cristina Kirchner al mantenerla cerrada al público y ahora surgieron nuevos datos y documentos.

Lo que salió a la luz fue el convenio firmado por el entonces jefe de Gobierno, Jorge Telerman, y el secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli, donde Presidencia asume la tenencia del terreno en manos del gobierno porteño, por lo cual se compromete a dar aviso a la Ciudad antes de cerrar la plaza para un acto y hasta el compromiso de construir una playa para los autos de Casa Rosada, obra que debían financiar los Kirchner y jamás hicieron.

Todo esto fue ratificado, extrañamente, por Mauricio Macri. Mediante la ley 2862, sancionada el 9 de octubre de 2008, Macri avaló el convenio aunque desde su órbita no presionaron nunca para que se cumplan las obligaciones asumidas. “Apruébase el Convenio suscripto entre la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, representada en dicho acto por el Señor Secretario General, Dr. Oscar Isidro José Parrilli, y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el Señor Jefe de Gobierno, Don Jorge Telerman”, reza el texto.

Ese convenio de Telerman y Parrilli, fue firmado el 6 de diciembre de 2007, cuatro días antes de la asunción de Cristina Kirchner y el mismo día en que se inauguraron las obras en el predio ubicado justo detrás de Casa de Gobierno, circundado por la avenida De la Rábida.

Compromiso K

El convenio señala, sin dejar lugar a dudas o dobles interpretaciones, textual: “En todo momento que no se realicen actos sin acceso de público a la Plaza Colón, esta permanecerá de acceso libre en las mismas condiciones que los demás espacios verdes de la Ciudad”. Bien claro.

Según el texto –de apenas seis puntos y al que accedió La Política Online- el gobierno de la Ciudad autoriza al de Nación a “disponer las medidas de seguridad que estime pertinentes” pero sólo “en ocasión de desarrollarse actos del gobierno nacional” en la plaza.

Lo que hizo hasta aquí Presidencia, según información provista por propias fuentes del Museo de Casa de Gobierno –ente a cargo del lugar- es tenerlo siempre cerrado. “Nunca tuvo acceso al público” contaron a este medio con inocencia, cerrando con la aclaración de que esperaban abrirlo antes del Bicentenario. O sea, en mayo de 2010.

Asimismo, el cargo que hoy ostenta Cristina se queda con la potestad de que se realicen actos “con acceso o no de público”. En todos los casos, requiere “previa comunicación del evento al Gobierno de la Ciudad con 48hs. De antelación”.

Esto, hasta aquí, tampoco se cumplió. Tampoco se habla de traspaso de jurisdicción de los terrenos al ámbito nacional, como intentaron sugerir desde el gobierno. Las tierras, siguen siendo de los ciudadanos de Buenos Aires.

Sospechosa cláusula

El artículo 5º guarda un reparo legal interesante. En él, las partes se comprometen a convalidar el acuerdo de las cláusulas 1º a 3º -las que obligan al gobierno nacional a abrir la plaza al público y pedir autorización para actos presidenciales-, exclusivamente, “a partir del momento en que la Plaza Colón sea librada al uso público, con fundamento en la seguridad presidencial”.

Según la primera lectura de este punto, el convenio cobra valor a partir que los Kirchner abran la reja. Aunque como ese momento podría tomarse el momento de la inauguración, lo cierto es que nunca hasta aquí la plaza fue, como explican, “librada al público”. Por lo cual, y sin entenderse bien las condiciones firmadas por las autoridades porteñas de entonces, legalmente podría interpretarse que no hay obligación de cumplir los pasos 1º al 3º.

Sin cocheras

El mismo escrito refleja el compromiso del gobierno porteño a impulsar una ley en la Legislatura para destinar el espacio circundante a la Casa Rosada bajo vía pública con “500 cocheras de uso oficial no comercial, accesos vehiculares y peatonales y ductos de ventilación”.

El compromiso aquí era que el gobierno iba a impulsar un proyecto de ley para avanzar en las obras y que la oficina de Parrilli asumiría el “debido cumplimiento para la habilitación y autorización de obras civiles, la financiación y su ejecución”, obras que serían sometidas al control de las dependencias técnicas porteñas. Ni un solo ladrillo de esto se vio.

Por último, la sexta y última cláusula explica que habría que hacer en caso de “controversias”, como la que hoy viven el kirchnerismo y el macrismo por la renovada y embellecida plaza. De no mediar una interpretación de mutuo acuerdo de este texto, la autoridad definitoria será la Corte Suprema de Justicia.