El presupuesto de 2022 sostiene el fondo compensador para el transporte automotor de pasajeros del interior del país, pero el dinero sólo podrá ser recibido por los gobernadores si instalan en cada unidad el sistema de boleto electrónico, conocido como Sube. 

Ocurre que sin ese registro, el Ministerio de Transporte no tiene como comprobar el uso de los fondos y por lo tanto bien pueden perderse en el camino o justificarse en estimaciones de demanda sobredimensionadas. 

En la cartera que conduce Alexis Guerrera identifican sólo 43 ciudades del país con Sube, la mayoría del área metropolitana, donde se concentra la mayor parte de los subsidios. En las localidades más chicas casi no existe. 

El artículo 84 del presupuesto destina 27 mil millones millones de pesos al fondo compensador para el transporte automotor, 7 más que lo destinado para este año, que también aumentó durante el debate en comisión. El texto original de esa vez asignaba sólo 13 mil millones.

Los gobernadores amenazan con bloquear el presupuesto si no suben los subsidios al transporte del interior

Guerrera prometió un refuerzo antes de fin de año, pero aún así el gobernador de Chaco Jorge Capitanich le reprochó en una teleconferencia que el 90% de los subsidios seguían destinados al área metropolitana y anunció un proyecto de ley para corregir esa asimetría. 

En Transporte reconocen esa disparidad, pero aclaran que los subsidios, por definición, se destinan a personas y casi la mitad de la población se aglomera en el área metropolitana. Y por lo tanto mantuvieron el mismo criterio par la distribución de 2022 y sólo lo modificarán si hay una ley que así lo exija. 

El proyecto concede a Guerrera la facultad de "establecer los criterios de asignación y distribución", del fondo compensador, pero aclara que las empresas deberán "implementar el sistema de boleto único electrónico", o sea, una Sube. 

El jefe de gabinete queda facultado a aumentar las partidas, como seguramente reclamarán los gobernadores. De hecho, el incremento ni siquiera compensa la inflación estimada para este año en el presupuesto, que orilla el 50%.

El debate pasó por encima al ministro de Hacienda Martín Guzmán, que es nada menos que el encargado de diseñar el presupuesto e intentar reducir el déficit fiscal. De hecho, una de las medidas para achicarlo es bajar los subsidios a la luz y el gas mediante una segmentación de tarifas, cuyo detalle aún no se conoce.

En el plan de segmentación por ahora no ingresan los subsidios al transporte que, por otra parte, en el pacto fiscal que firmaron en 2017 los gobernadores se comprometieron a eliminar para 2021. Pero no tardaron en pedirlos ni bien se desató la crisis financiera del año siguiente y se convirtió en otro reclamo habitual de cada presupuesto. 

Tanta es la tensión interior-Amba por subsidios que este año los senadores del Frente de Todos cajonearon una ley enviada por Diputados que reforzaba la ayuda al transporte escolar del área metropolitana, un fondo de 600 millones que sin esa norma no pudo asignarse.