Luego de tres largos años de discusión legislativa para que Santa Fe adhiera a la nueva Ley de ART que se impulsó durante el gobierno de Cambiemos para disminuir la litigiosidad laboral, oficialismo y oposición lograron sancionar la nueva normativa a fines de octubre.

Si bien, los dos principales dirigentes de la provincia, Omar Perotti y Miguel Lifschitz, coincidían en la necesidad de actualizar el régimen, el debate en diputados no fue sencillo ya que había resistencias a votarla hacia el interior de los bloques mientras que en el Senado, el proyecto se aprobó por unanimidad.

 [Perotti y Lifschitz lograron la adhesión a la Ley de ART que reclamaban los empresarios]

Quien se puso la negociación al hombro fue el ministro de Trabajo, Roberto Sukerman. El funcionario se ocupó personalmente de negociar con la oposición y de la redacción de una ley acorde al derecho y que tuviese posibilidades de ser aprobado: "todos los artículos fueron acordado con Sukerman, hasta la última coma", explicó un diputado radical a LPO.

Sin embargo, desde ADIRA, la Cámara que nuclea a las principales aseguradoras del interior del país y tiene su sede en Rosario, cuestionaron el plazo de dos años para que los trabajadores puedan recurrir a la justicia en caso de estar disconformes con el dictamen de la Comisión Médica jurisdiccional y piden que el gobernador vete el artículo 13.

Esto generó tiranteces hacia adentro de la cartera de Trabajo, según pudo saber este portal además, porque el ministro Sukerman se había reunido en varias oportunidades con las aseguradoras. En caso de que Perotti acepte el veto, lo situaría en una posición más que incómoda al funcionario rosarino.

Otra posibilidad, es que el gobernador lo designe al frente de otro ministerio. Fue uno de los nombres que circula para reemplazar a Esteban Borgonovo que decidió renunciar este jueves, según adelantó este portal. Luego del traslado, Perotti podría revisar la ley, calcularon en la oposición.

Sobre el reclamo que hicieron Sancor Seguros, San Cristóbal y La Segunda, entre otras compañías, apuntan a vetar el artículo 13 sobre los plazos de prescripción para los trabajadores para recurrir a la justicia laboral en caso de no estar de acuerdo con el dictamen de la Comisión Médica.

En el proyecto que se aprobó en el Senado, se determinaban un plazo no mayor a los 60 días hábiles para iniciar la acción judicial, que era un planteo de las aseguradoras. Sin embargo, los legisladores advirtieron que de aprobar estos plazos, se entraba en contradicción con el Código Civil que estipula 2 años para accionar judicialmente.

El argumento de las empresas es que deben congelar durante dos años partidas para afrontar fallos adversos y que eso hecha por tierra la ecuación económica. Pero legisladores que avalaron la sanción, explicaron que es lo que ocurre en el caso de otro tipo de pólizas, que forma parte del negocio.

Además, sostienen que los trabajadores que acudan a la justicia, lo harán con un dictamen de las Comisiones Médicas jurisdiccionales lo cual, no les garantizaría una sentencia a favor, argumentaron.

Para los diputados que debatieron durante 3 años, aseguran que con esta ley se reducirán considerablemente los litigios laborales además que es beneficiosa a las empresas y que esta objeción no debería llevar al veto de ningún artículo.