Santa Fe aprobó su adhesión a Ley Nacional N° 27348, vigente en el país desde la pasada gestión de Mauricio Macri. La llamada Ley ART fue aprobada por Diputados en base a un dictamen de la Comisión de Constitucionales y tuvo un tratamiento exprés en el Senado después de años de debate. Tanto Perotti como Lifschitz coincidían en la sanción pero les costaba encolumnar a sus legisladores. De hecho, el peronismo no acompañó.

La votación fue de 27 positivos, 8 negativos y 9 abstenciones. Los apoyos fueron aportados por los diputados del Frente Progresista, salvo algunas excepciones como el radical Fabián Palo Oliver. Sumaron su adhesión los legisladores de Juntos por el Cambio, principales promotores de la norma desde la gestión Macri, y los distintos sub bloques de la lista que en su momento lideró Amalia Granata.

Mientras que en el PJ la posición se dividió entre quienes lo rechazaron y los que se abstuvieron: mientras Matilde Bruera, Paola Bravo y Lucila De Ponti votaron en contra, Leandro Busatto, Luis Rubeo y Ricardo Olivera se abstuvieron.

Sumaron al rechazo, la izquierda con Del Frade a la cabeza y Rubén Giustiniani, de Igualdad y Participación. Los argumentos fueron similares a los sostenidos por varios gremios provinciales: el texto aprobado fue definido como "pro empleador" y lejana a la defensa de los trabajadores.

Vale recordar que meses atrás fue el propio Gobernador quien enmendó el pliego original que no había logrado el consenso entre los parlamentarios y que incluso, había sido resistido por los sectores gremiales santafesinos. En contrapartida, el pedido del sector privado presionaba incluso a los integrantes del pasado gobierno de Miguel Lifschitz para lograr un acuerdo, aunque sin obtenerlo.

A través de una nota, el mandatario provincial (en sintonía con el pedido de Alberto Fernández) accedió a una modificación sensible: los trabajadores damnificados, ya sea por accidente o enfermedad deberán optar por acatar el porcentaje de incapacidad emitido por la administración provincial o ir a la Justicia ordinaria a los fines que se exprese.

Cabe decir que la letra original daba pie a que los empleados pudieran acceder a la indemnización prevista por la nueva Ley pero dejaba la puerta abierta a nuevas demandas judiciales. Según defendieron los funcionarios desde Casa Gris, esta enmienda "busca agilizar y otorgar mayor inmediatez en la resolución de conflictos por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, bajar el número de litigios y dar mayor celeridad a los trámites".

En la Cámara Alta, el presidente del Bloque Radical Felipe Michlig, junto con los senadores peronistas nucleados en el Nuevo Espacio Santafesino fueron los hacedores de este consenso que resultó en un tratamiento express en el recinto. De allí que Omar Perotti haya preferido que el proyecto original votado en 2017 perdiera estado parlamentario y no incluirlo dentro del tratamiento en sesiones extraordinarias para propiciar el debate sobre el nuevo pliego.

Dentro del oficialismo, Alcides Calvo, uno de los delfines políticos del gobernador, coincidió con Michlig y definió que se trata de un proyecto "adaptado a las necesidades de nuestra Provincia", con la mirada puesta en mejorar la "dinámica de las relaciones de producción y trabajo". Aseguró además que "la forma como Santa Fe adhiere a la norma es superadora y garantiza los derechos laborales".

Vale recordar que la postura de los diputados oficialistas Luis Rubeo y Leandro Busatto, presidente del Bloque, también había sido de resistencia ante la normativa nacional. El socialista Rubén Giustiniani y el diputado del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, reafirmaron su negativa al texto durante la votación.

La justicialista Matilde Bruera, cercana a la Ministra María Eugenia Bielsa, fue quien aportó las críticas más duras al pliego impulsado por su propio sector político. Sin embargo, tras la aprobación del articulado, la Federación de Industriales de Santa Fe mostró su beneplácito por las gestiones llevadas adelante por el Gobernador Perotti.

Muy duros con el Ejecutivo provincial, un opositor a la ley y reconocido dirigente gremial se paseaba indignado por los pasillos del parlamento santafesino. "El peronismo provincial, salvo honrosas excepciones, debería preguntarse porque los felicitan los patrones", fustigó.

La presidenta del Senado, Alejandra Rodenas junto a las diputadas Lucila de Ponti y la concejala  santafesina Jorgelina Mudallel 

Previamente, la Legislatura aprobó la iniciativa que obliga a aplicar el cupo femenino en las elecciones, como así también en la integración igualitaria entre hombres y mujeres dentro de los tres poderes del Estado, asociaciones, consejos y partidos políticos provinciales.

De todos modos, hubo algunas disidencias respecto de las categorías dónde se aplicará la ley en las elecciones, dado que se desechó la paridad en el caso de la integración de las duplas que compitan para la gobernación. La Provincia era uno de los ocho distritos dónde aún no regía esta normativa.