Con la habilitación de las sesiones remotas, el Congreso se puso en marcha y en el Gobierno empezaron a considerarlo para tomar decisiones: el lunes, el ministro de Trabajo Claudio Moroni conformará, vía telemática, la comisión que debe definir un nuevo índice de movilidad jubilatoria para aplicarse desde el 20 de junio. 

Participarán los presidentes y vices de las comisiones de Presupuesto y Previsión Social de ambas Cámaras: los diputados Carlos Heller, Marcelo Casaretto (Frente de Todos); Luciano Laspina y Alejandro Cacace (Cambiemos); y los senadores Carlos Caserio, Daniel Lovera (Fdt); Esteban Bullrich y María Belén Tapia, del principal frente opositor. 

Así lo dispuso la ley de emergencia económica sancionada en diciembre, que congeló el cálculo de actualización previsional aprobado en 2017 en el Congreso por gestión de Mauricio Macri y aval de un sector de la entonces oposición peronista. Combinaba en un 70% la inflación y un 30% la variación salarial medida por índice de Remuneración Imponible Promedio de Trabajadores Estables (Ripte) del Ministerio de Trabajo.

Con una escalada de precios de 55% en 2019 y una pronunciada recesión, el presidente consideró imposible cumplir esa fórmula, la suspendió por seis meses y la reemplazó por montos fijos trimestrales para sostener el poder adquisitivo de los jubilados que menos ganan.

En aquel anuncio, el ministro de Hacienda Martín Guzmán ponderó la vieja fórmula sancionada en 2008, que combinaba la recaudación de Anses con la evolución de salarios del Indec o el Ripte. Se tomaba la que diera mejor y se aplicaban dos aumentos anuales. 

Guzmán ponderó en diciembre la fórmula de actualización que combinaba salarios y recaudación, pero con la inestabilidad financiera de la pandemia sería más una baja que una suba de los haberes. Cambiemos pide que cualquier decisión se tome por ley. 

Con la pandemia no hay variante que favorezca a los jubilados: la recaudación de Anses cayó a mínimos históricos y la inflación fue de 1,5% en abril pero no refleja la suba de alimentos, que llegó al doble.  Los sueldos seguirán congelados y algunos hasta bajan para evitar despidos. 

Así las cosas, los referentes previsionales del oficialismo que hablan con Moroni no lo imaginan con otra idea que la de prorrogar la suspensión de la fórmula al menos hasta fin de año y continuar con aumentos trimestrales.

El último fue el de marzo, alcanzó el 2,3% y fue acompañado de una suma de 1500 pesos que le permitió ganar unos pesitos más que con la vieja fórmula a los que cobraban la mínima, pero las escalas más altas cobraron menos. 

En el Gobierno destacaban que la mayoría de los jubilados se llevó más dinero a su casa y no tenían cómo compensar a los demás, porque Macri pensó que bajaría la inflación cuando programó el derogado índice y pasó todo lo contrario.

Aquella fue de sus peores experiencias en el Congreso y tal vez la que marcó su puerta de salida de la Rosada. La fórmula original del proyecto que llegó al Senado golpeaba las jubilaciones mínimas y le permitía una ahorro inmediato de 100 mil millones de pesos, pero Miguel Pichetto, por entonces un peronista dialoguista, la modificó para tener los votos de su bloque. 

Como tampoco pasaba por Diputados, Elisa Carrió obligó a una corrección por decreto para no recortarle poder adquisitivo a los abuelos más humildes al día siguiente de sancionar la ley, en una sesión recordada por los enfrentamientos y balas de goma en la plaza del Congreso. Con el descalabro financiero de 2018, Macri pagó el costo de un ajuste previsional que, si fue tal, lejos estuvo de ser el que esperaba para aliviar el déficit. 

En Cambiemos defendieron la extinguida fórmula en diciembre y rechazarán una prórroga de la suspensión de la movilidad por decreto. Si las variables impiden consensuar un índice en junio, reclaman una ley de "provisoriedad" para otorgar certezas y reducir el riesgo de litigio. 

En el Gobierno  evalúan la propuesta, pero saben que no es una decisión popular abrir el Congreso cada seis meses, ya sea en forma remota, para informar que las jubilaciones subirán poco o sólo lo harán por decreto.

Además, por la falta de certezas económicas, Alberto desistió de enviar el presupuesto como había prometido y autorizó por decreto a su jefe de Gabinete a mover partidas sin límite, lo que ocasionó un choque fuerte con la oposición. Discutir jubilaciones reabriría ese debate. 

"El Gobierno tiene un interés macroeconómico por desindexar y eso te requiere desvincular la fórmula de la inflación, que es lo que protege el poder de compra de los haberes jubilatorios. Entonces hay que ser transparentes también sobre cuál objetivo perseguís con la fórmula", sostuvo ante LPO Cacace, uno de los invitados a la reunión virtual con Moroni. No será la única.