"La ley sale sin los 10 votos de Carrió. No nos hacen falta", fue la orden que llegó esta tarde desde la Casa Rosada a las autoridades de Cambiemos en Diputados, donde si se le animan a Lilita podrían aprobarla este jueves.

No será fácil, porque un sector del radicalismo no termina de atreverse a ignorar los reclamos de la chaqueña, que como anticipó LPO intentó sin éxito no incluir esta ley en extraordinarias. Esta tarde, enterada de la negociación del oficialismo, avisó por twitter que votará en contra.

En su bloque aclararon que podrían votar en general la ley y rechazar en particular el artículo que habilita a las empresas a financiar campañas, práctica prohibida en la carta orgánica de la Coalición Cívica.

Las leyes electorales requieren mayoría absoluta, o sea, 129 votos sin importar cuantas banca haya ocupadas. Cambiemos con sus aliados no supera los 111, que baja a 101 sin los lilitos, pero la apuesta son los 33 de Argentina Federal y los 16 del Frente Renovador de Sergio Massa, que desde el lunes intercambian borradores con la macrista Silvia Lospennato. El interlocutor principal es Diego Bossio, siempre con el teléfono abierto de Miguel Pichetto para garantizar un futuro acuerdo de los senadores.

Monzó habilitó una negociación con el PJ pero Carrió presiona a UCR para que no haya ley. En la Casa Rosada prefieren ignorarla. 

En línea con Rogelio Frigerio, Emilio Monzó le ordenó a Losepnnato negociar sin leer a Carrió en las redes sociales porque hay coincidencia con el PJ en que hace falta una ley urgente para regular el dinero de la política. La denuncia por aportantes truchos en la campaña bonaerense de Cambiemos y el escándalo de los cuadernos impiden blanquear campañas electorales como las últimas, que en los papeles se manejaron con fondos en efectivo aportados por particulares.

El borrador negociado hasta ahora toma como base el proyecto de ley enviado en agosto por Frigerio e incorpora algunos conceptos del dictamen consensuado en el Senado y otros creados en estos días, como distribuir los aportes privados entre varias fuerzas políticas. 

El mecanismo sería el siguiente:  el 80% del desembolso total de una empresa para una elección iría a la agrupación política elegida y el resto a un fondo compensador, coordinado por el Ministerio del Interior y distribuido en el resto de los partidos.

El método de reparto está en discusión, porque el Gobierno quiere evitar premios a partidos ficticios tan habituales desde que aparecen frentes electorales con sellos desconocidos, creados con el solo fin de nombrar a varios apoderados.

Otro límite en discusión son las restricciones de los aportes. El proyecto del Gobierno permite que las empresas ayuden hasta un 2% del total de una campaña, el Senado lo llevó al 5% y el PJ quiere mantenerlo  

La mayor novedad es que el peronismo y el masssismo quieren penar las noticias falsas, conocidas como "fake news" tan habituales en las últimas campañas.

Lo harían prohibiendo "la emisión y publicación de avisos" que "de manera masiva, deliberada, artificial o automáticamente, a través de un servicio de comunicación digital en línea" contengan "alegaciones inexactas o engañosas de un hecho o afecten la integridad de candidatos, sus familiares y/o agrupación política".

Tampoco se permitirá desincentivar "expresamente la captación del sufragio a favor de los candidatos a cargos públicos electivos, o de sus agrupaciones políticas por las que compiten".

Quien se considere víctima de alguna de estas agresiones podrá denunciarlas en al justicia federal con competencia electoral para que cancele el aviso e indemnice a la víctima.

En la letra chica también aparece una regulación a la tecnología de código blockchain, fuente de las criptomonedas como la popular bitcoin, combatidas en muchos países desarrollados por considerarlos una fuente de dinero sucio. Será otro debate de estos días. Si no se impone Carrió.