La Cámara Federal de Apelaciones ordenó que los depósitos judiciales continúen en el Banco Ciudad y terminó de dar vuelta una ley que el kirchnerismo había impuesto en 2012 en medio de una disputa con Mauricio Macri. La Sala III determinó la inconstitucionalidad de la Ley Conti que obligaba a depositar el dinero en el Banco Nación y que hoy significan un stock de $ 19 mil millones y un flujo de $1.500 millones.

La resolución implica que el Nación continuará recibiendo los depósitos de la Justicia Nacional en lo Civil y de los Tribunales Federales de todas las instancias asentadas en la Ciudad, mientras que los depósitos correspondientes a los demás fueros, entre ellos el Laboral y el Comercial seguirán haciéndose en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

El Nación recibió el flujo de los fondos durante casi dos años, pero en agosto 2015 el Ciudad logró que la Cámara le devolviera el flujo de los depósitos. "Este flujo tiene mucha estabilidad, son muy dinámicos, pero constantes. Permiten prestar a largo plazo, sobre todo para créditos hipotecarios", explicaron desde la entidad. "Son fondeos que permiten prestar a largo", agregaron.

"La única razón por la que se ordenó el traspaso de los fondos del Banco Ciudad de Buenos Aires al Banco Nación fue que la Ciudad de Buenos Aires estaba gobernada por un partido político distinto al de la mayoría del Congreso y del PEN del momento", explican los jueces en un fallo particularmente duro con el kirchnerismo. "Era un modo de evitar que este pudiera concretar una política crediticia acorde con lo establecido en su carta orgánica", aseguran los magistrados.

"Se hizo justicia. La cámara revocó un despojo hecho sin más razón de ser que la de promover un daño a la gestión que venía realizándose exitosamente desde la Ciudad en favor del crédito social y productivo", aseguró Javier Ortiz Batalla, titular de la entidad.

Si bien una medida cautelar había permitido que los fondos siguieran fluyendo al Ciudad, el fallo de la Sala III resulta una "certidumbre" para el distrito capitalino. En el gobierno porteño hablaron de una "una decisión considerada abusiva por parte del anterior gobierno nacional, la cual le había quitado el flujo de depósitos judiciales que percibía la entidad, equivalente a unos $1500 millones por año, cuyo stock era de $7.000 millones y hoy ronda los $19.000 millones, y que es destinado por la entidad a la generación de líneas de crédito de largo plazo para familias y empresas, como los préstamos hipotecarios y los créditos a las Pymes", según expresaron en un comunicado.

"Los abogados, principales usuarios de este tipo de servicios, en forma intempestiva, involuntaria e inconsulta vieron modificada radicalmente su forma habitual de realizar los depósitos judiciales, privándoles de las instalaciones que a tal efecto habían destinado en el CPACF, en su propio ámbito y obligándolos a largas esperas pérdidas inestimables de tiempo útil", habían argumentado desde el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que preside Jorge Rizzo y que uno de los demandantes en la causa.

"El Banco Ciudad ha montado su modelo de negocio teniendo como fuente de recursos los depósitos judiciales y que ello le ha permitido otorgar créditos a largo plazo- al momento del informe - con carácter único en el mercado como los préstamos hipotecarios a 20 años a tasa fija de interés, tanto dirigidos a individuos como a empresas radicadas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires", explican los jueces en el fallo.

Asimismo, continúa: "Estos fondos también han sido un factor clave para sostener la llamada ‘Banca Social', cuyos precios y condiciones facilitan el acceso al crédito de los sectores sociales de menos recursos", agregan los magistrados.