El Senado aprobó este miércoles el proyecto tan ansiado por Mauricio Macri para crear un régimen de participación público-privada, que vendría a ser una alternativa al régimen de obra pública y le daría garantías a los inversores.

Como aseguró LPO, el oficialismo logró darle media sanción al proyecto, con apoyo del jefe de bloque del FpV-PJ, Miguel Pichetto, y su bancada, que ahora deberá pasar por la cámara baja.

48 senadores votaron a favor de crear el régimen y 13 senadores se opusieron, como Fernando “Pino” Sonalas, Liliana Negre de Alonso, María de los Ángeles Sacnun, entre otros.

El debate comenzó con la palabra del correntino Carlos Espínola (FpV-PJ), presidente de la comisión de Infraestructura por donde pasó el proyecto. Celebró que lo redactado por Horacio Reyser, asesor de Macri y especializado en inversión extranjera, “incentiva los proyectos de infraestructura a largo plazo y se buscó dar transparencia”.

Luego fue el turno de la senadora Negre de Alonso (Peronismo Federal), quien criticó la imposibilidad de revisar el laudo que pueda dictarse internacionalmente, a diferencia de los jueces nacionales que sí serían aptos para revisar. “Es incoherente, vamos a volver a los laudos arbitrales”.

Una de las garantías que Macri buscó darle a los empresarios con este proyecto, adelantado por LPO, es la posibilidad de hacer juicios en el exterior en caso de no sentirse cómodas en el país.

Cuando le dieron la palabra, la neuquina Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino) cuestionó el rol que asume el Estado en este proyecto, ya que “renuncia facultades para atraer inversiones”, avalando lo dicho por Negre de Alonso. Por la misma línea fue Sandra Giménez, para ella este proyecto pone en debate hasta donde se cuida la soberanía nacional. “La pérdida de soberanía empezó con el pago a los buitres, que yo voté y hoy me arrepiento” dijo la misionera.

Pichetto planteó la duda de a dónde irán las inversiones, infraestructura o hidrovía (Paraná-Paraguay, donde hay un proyecto para construir un canal navegable en esos ríos, que terminaría incluyendo cinco países: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay). Al referirse a la hidrovía dijo que Bolivia “no puede saber nada de navegación si ni siquiera tienen mar, si aparece Bolivia ahí es que hay un negocio”.

Aseguró que su apoyo al proyecto es porque el Gobierno necesita herramientas en su primer año y así llevar para delante su propuesta política y económica. De yapa, afirmó que el régimen de participación público-privada lo impulsó Néstor Kirchner por decreto en el 2005.

En la sesión de este miércoles además se aprobaron pliegos a jueces, camaristas y defensores públicos.