Pese a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial ordenó en enero pasado que la Comisión Permanente se integre bajo el criterio de "máxima representación efectiva", la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados decidió, con el voto de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, marginar de la misma a los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano y PRD.

Sin que nadie lo trajera a cuento, este viernes el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, reprochó a la mayoría parlamentaria de los aliados de la 4T por "desacatar" la orden de la Sala Superior, luego de que además el Senado aprobó reformas para que no sean impugnables las decisiones de las Cámaras del Congreso relacionadas con su organización interna.

"¿Hasta dónde deben llegar los tribunales para reparar la falla del sistema y hacer valer sus decisiones, frente al desacato a una orden de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para la integración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión?", cuestionó Rodríguez Mondragón durante el foro internacional "Estándares internacionales de la Comisión de Venecia".

Confirmado: Ebrard arrancó su campaña por los estados en un acto de Menchaca

El magistrado presidió el panel de nombre "Metodologías para analizar la justicia electoral respecto a la calidad de la democracia", en donde además participaron Giammaria Milani de la Universidad de Siena, José Thompson del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH-CAPEL), Jeffrey Staton de la Universidad Emory, así como el experto internacional Dong Nguyen Huu.

En el mismo sentido, Rodríguez Mondragón resaltó que la observación contribuye a fortalecer un modelo de justicia abierta, que garantice instituciones accesibles, que trabajen para la ciudadanía y que promuevan la consolidación de una democracia de alta calidad.

Y recordó que el Tribunal ha incentivado el acompañamiento de diversas misiones jurisdiccionales, cuyas recomendaciones permitirán la implementación de mecanismos procedimentales que agilicen la labor de juzgar, la promoción de argumentación jurídica que haga mayor referencia a los estándares y jurisprudencias internacionales y, en general, la mejora institucional.