El Congreso de Nuevo León aprobó ayer lunes una norma que limita la participación ciudadana en la designación de los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción, entre ellos el fiscal general, actualmente muy criticado por la crisis desatada por el caso Debanhi.

Según pudo conocer LPO, entre las ONGs cercanas a la IP que forman parte del proceso de designación, domina la tesis de que el gobenador Samnuel García impulsó esta norma para acelerar los tiempos en caso de que Gustavo Guerrero renuncie a la Fiscalía General. Para entender: con la participación ciudadana el proceso dura seis meses y sin esa participación se puede resolver dentro del sistema político.

Es notable, pero entendible,  que ante una norma tan determinante la bancada del Ejecutivo estatal votó dividida. Los diputados locales ligados a Luis Donaldo Colosio, coordinador por Sandra Pámanes, evitaron el conflicto con las ONGs del empresariado, mientras que los legisladores cercanos al gobernador acompañaron la norma junto al PRI y al PAN.

Estos dos partidos encontraron la oportunidad para limitar al activismo ciudadano que entienden como excesivamente partidizado en favor de MC.

Un detalle no menor: a lo largo de la mañana de hoy martes se instaló el rumor en el Poder Judicial estatal que Arturo Salinas, titular del mismo, podría dejar su oficina para ser fiscal general en reemplazo de Guerrero. El movimiento encajaría en el marco de un acuerdo entre García y Zeferino Salgado, jefe del grupo San Nicolás.

Otro posible sustituto de Guerrero, que se desliza con menor intensidad, es Víctor Cabrera, actual subsecretario de Gobierno.