Oposición
Otro revés de la 4T en la Corte: los ministros invalidan la prohibición para que exfuncionarios salten a empresas
El Pleno del máximo tribunal declaró inconstitucional la Ley de Austeridad Republicana de AMLO que evitaba la puerta giratoria y el lobby empresarial.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia determinó que durante el proceso legislativo que dio origen a la Ley Federal de Austeridad Republicana no se cometieron violaciones trascendentes que tuvieran por consecuencia su invalidez. Además, el Pleno resolvió que el Congreso de la Unión sí tiene facultades implícitas para legislar en materia austeridad.

A propuesta de la ministra Norma Piña, se invalidó por unanimidad el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Austeridad, que establecía una restricción de diez años para que los servidores públicos de mando superior pudieran laborar en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en ejercicio de su cargo público.

De acuerdo con la Corte, la medida publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 19 de noviembre de 2019, "incide de manera desproporcionada, innecesaria e injustificada en la libertad de trabajo, profesión, comercio e industria", reconocida por el artículo 5 constitucional, pues "impide a los exfuncionarios en esas circunstancias, prestar libremente sus servicios en la iniciativa privada".

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Las impugnaciones fueron promovidas por los senadores de oposición Miguel Ángel Osorio Chong (coordinador del PRI), Dante Delgado (senador de Movimiento Ciudadano), Miguel Ángel Mancera del PRD y Emilio Álvarez Icaza, independiente.

En el debate, el ministro presidente Arturo Zaldívar afirmó que el término de 10 años para que un exservidor público pueda trabajar en iniciativa privada es innecesariamente largo. "No todos los cargos de mando superior tienen las mismas responsabilidades y presentan el mismo grado de riesgo de corrupción por lo que es sobreinclusiva", dijo.

La ministra Norma Piña afirmó que si bien la Constitución federal prevé restricciones a la libertad de trabajo en casos similares, la intensidad de estas restricciones previstas en la Constitución no supera los tres años, por lo que tanto es significativamente menor a lo previsto en la norma.

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