La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la nulidad de una reforma impulsada en 2020 que permite al SAT comprobar la identidad de cualquier contribuyente a pedido de cualquier empresa.

El poder Judicial determinó que esta capacidad violenta la privacidad de los datos personales de los ciudadanos, más cuando el SAT también puede tener acceso a la data biométrica de las personas.

El proyecto fue promovido por el ministro Gutiérrez Ortiz Mena y fue aprobado por ocho votos a favor y tres en contra. El recurso fue promovido por el INAI para eliminar una porción del artículo 17-F del Código Fiscal de la Federación.

"El Pleno consideró que el precepto vulneraba el derecho de autodeterminación informativa, relativo al uso de los datos personales -inclusive datos biométricos-, pues facultaba al SAT dar a conocer a terceros -autoridades y particulares- información personal que permita la verificación de la identidad de los usuarios de la firma electrónica avanzada. Ello, sin mediar consentimiento de los titulares de esa información, ni condicionar su uso a la realización de fines legales legítimos, en detrimento de los derechos humanos a la intimidad, privacidad y protección de datos personales", compartió la Suprema Corte en un comunicado.

Durante el debate en el pleno de la Corte, el ministro Mena señaló: "El precepto impugnado establece la facultad del SAT de disponer de las bases de datos, consistentes en los datos biométricos, para dar el servicio a la verificación de la identidad de los usuarios a cualquier persona que lo solicite. En la consulta del proyecto de sentencia se subraya que este servicio se presta sin mediar consentimiento de los titulares de esa información, ni condicionarse en su uso para la realización de fines legales legítimo". 

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Por otro lado, la ministra presidenta, Norma Piña aseguró que el problema del caso es que con dicha reforma, se habilita al Sistema de Administración Tributaria para que establezca cómo funciona dicho servicio prestado a las empresas privadas.

"El servicio de verificación está relacionado directamente con el manejo de datos biométricos sensibles, y la norma no tiene elementos suficientes para impedir que se revelen a terceros sin consentimiento del titular", afirmó Piña.

En esta ocasión fueron los ministros que votaron en contra fueron: Luis María Aguilar

Juan Luis González Alcántara y Yasmín Esquivel, entre sus argumentos, destacaron que la norma no debe ser interpretada de manera aislada.

"Se tendría que interpretar que la norma no es una habilitación desmedida para que la autoridad certificadora, el SAT, pudiera entregar información personal o datos biométricos de nadie a terceros", argumentó Luis María Aguilar.