Con una votación de nueve ministros a favor y dos en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió dar marcha atrás a la primera parte de la Reforma Electoral que impulsó Morena, por vicios y omisiones en el proceso legislativo de diciembre del año pasado.

Los ministros que votaron a favor fueron: Pérez Dayán, Ríos Farjat, Luis González Alcántara, Luis María Aguilar, Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz, Mario Pardo, Javier Laynez Potisek y la presidenta Norma Piña.

Entre los argumentos que los ministros presentaron resaltan que los legisladores en San Lázaro no tuvieron el tiempo necesario para analizar a cabalidad lo que se se supone tenían que discutir, que el presidente, por cuestiones de calendario, ya no tenía opciones para mandar iniciativas preferentes y de obvia resolución, además, argumentaron que la forma de legislar de Morena dejó de lado la participación de la oposición.

La iniciativa nació de la pluma del ministro Pérez Dayan, quien en su exposición de motivos dijo que el órgano legislativo emisor no actuó como un Parlamento abierto, tanto los Senadores como los Diputados no proporcionaron espacios adecuados para la participación de la ciudadanía en la discusión de las normas.

"Siempre que una medida legislativa sea susceptible de incidir de manera directa en la esfera de estos dos grupos, tienen derecho a ser consultados de conformidad", añadió la ministra Loretta Ortiz.

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Los ministros estuvieron de acuerdo en que todo proceso legislativo que culmina con la creación de una norma, debe cumplir diversos presupuestos formales y materiales que satisfagan los principios de legalidad, tentatividad a través del respeto a la reglas de votación.

"La iniciativa no pasó por un procedimiento legislativo ordinario, pues para su aprobación se acordó que fuera de urgente u obvia resolución, Ni en el momento de su presentación , ni de la lectura de la exposición de motivos se advierten las razones", reforzó Ortiz.

Por otro lado, Margarita Ríos Farjat expusó que una iniciativa de trámite urgente no puede operar como una regla, más bien como una excepción para casos dónde de seguirse el trámite legislativo ordinario pudiera generarse una afectación a la sociedad.

El ministro Alcántara Carrancá planteó la pregunta: "¿Qué sentido tiene proteger la publicidad de la deliberación pública y de la votación , si nadie, ni siquiera la Cámara de Diputados tenía conocimiento de lo que están votando?".

"Es una perversión de las reglas democráticas, avalar un procedimiento legislativo con estos rasgos llevaría a asumir que la mayoría parlamentaria, por el simple hecho de serlo, está por encima de las reglas constitucionales, lo que me parece inadmisible", sucundó el juez Luis María Aguilar.

Las dos ministras que se expresaron en contra de la iniciativa fueron Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, quienes mantuvieron que no existieron tales violaciones a los procedimientos legislativos.

"La omisión de sujetar la dispensa de trámites, que las personas legisladoras funden y motiven su petición se explica porque no debemos perder de vista que los órganos legislativos tienen una naturaleza política, por ello tienen la necesidad de celebrar acuerdos con los otros grupos parlamentarios", sostuvo Esquivel.

"Lo más grave es que echar abajo las reformas a la Ley General de Comunicación Social, por supuestas deficiencias al proceso legislativo, significa dejar nuevamente incumplido el fallo de la primera sala y paradójicamente, mantener vivas las violaciones al párrafo octavo del artículo 134 con la consecuente lesión al ejercicio de la libertad de expresión y lo peor, haber evaluado el contenido de las normas con la cual el Congreso de la Unión cumplió con la ejecutoria", remató la ministra acusada de plagio en sus tesis de licenciatura.

La última en hacer uso de la palabra fue la presidenta de la Corte, Norma Piña, quien mantuvo la posición de sus colegas sobre que no se pueden admitir las nuevas leyes de comunicación y de responsabilidades administrativas, bajo las condiciones en las que se aprobaron.

"Nuestro país es una democracia constitucional, uno de sus principios es que las decisiones deben ser tomadas por procedimientos democráticos de tipo deliberativos. Detrás de la deliberación parlamentaria, está la salvaguarda de la expresión de las minorías. Coincido con el sentido del proyecto, pues advierto que el proyecto impugnado fue emitido sin observar las reglas constitucionales y legales del proceso democrátivo que da lugar a un potencial invalidante", finalizó la ministra presidenta.