La muerte de dos de los cuatro ciudadanos norteamericanos secuestrados en Tamaulipas puso en una situación de máxima debilidad a la política de seguridad de Andrés Manuel López Obrador. Son momentos en los que crecen las tensiones con los Estados Unidos por el control de los grupos narcotraficantes. De hecho, congresistas republicanos ya presentaron una iniciativa para habilitar a la Casa Blanca a usar las fuerzas armadas de ese país contra las organizaciones del narco mexicano. 

Y, al mismo tiempo, un poco más al Sur, el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, ostenta potentes números en materia de seguridad, pero de la mano de una política que es ampliamente denunciada por violar los derechos humanos y que genera repercusiones en la región. Un modelo que parece diametralmente opuesto al "abrazos, no balazos" de la 4T.

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Siempre dándolas por válidas, las estadísticas oficiales también son muy dispares. López Obrador no ha logrado una baja sustancial en los más de cuatro años que lleva de gobierno. Los homicidios singuen rondando los 35,000 por año, una tasa cercana a los 28 homicidios por cada 100,000 habitantes que recibió de la gestión de Enrique Peña Nieto. Bukele, en cambio, asegura haber bajado esa tasa de más de 100 a menos de 10 por cada 100,000 habitantes. 

Bukele dejó de ser una sorpresa y se convirtió en el mandatario con mejor imagen positiva de América Latina de la mano de esa autoritaria lucha contra las pandillas violentas.

AMLO recibió en 2019 a Bukele. El joven jefe de Estado centroamericano aún era una novedad en un continente que lo veía como una figura joven que había logrado romper el histórico bipartidismo de su país y que tenía un gran dominio de las redes sociales, especialmente Twitter. 

Desde entonces, Bukele dejó de ser una sorpresa y se convirtió en el mandatario con mejor imagen positiva de América Latina de la mano de esa autoritaria lucha contra las pandillas violentas de su país que somete a una serie de interrogantes al modelo de seguridad mexicano.

Rosa Icela Rodríguez y el Almirante Rafael Ojeda Durán al recibir la noticia del asesinato de dos turistas de EU.

Cuartoscuro

En las últimas semanas, Bukele volvió a aparecer en las primeras planas de la región luego de inaugurar una megacárcel capaz de albergar a 40 mil detenidos llamada "Centro de Confinamiento del Terrorismo". Con ello, profundizó un plan de seguridad que, de la mano de estado de excepción autoritario y más de 60 mil detenciones -entre las que se encuentran personas por el simple hecho de "parecer" a un pandillero-, logró algo que ningún gobierno había conquistado: la reducción de la violencia y la desarticulación de las violentas pandillas.

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El secuestro de cuatro turistas pone en una situación muy delicada al plan de seguridad de AMLO. Y el fuerte respaldo que ostenta Bukele, que en algunas encuestas supera el 80% de imagen positiva, genera un debate alrededor del "abrazo, no balazos". Porque ante un presidente que logra destacados números en el principal problema de su país -la seguridad- de la mano de una política autoritaria que no respeta los derechos humanos, el debate atraviesa a toda la política regional con una histórica pregunta: ¿El fin justifica los medios?

Las encuestas que muestran la popularidad de Bukele muestran un hartazgo con las políticas tradicionales y que se opta por ceder ante medidas autoritarias.

En diálogo con LPO, el profesor de la Universidad Iberoamericana Eduardo Arriaga Mesa aseguró que el plan autoritario de Bukele "es muy tentador" porque son "medidas más cortoplacistas", pero aclaró que "las consecuencias son costosas a largo plazo porque se apuesta a la militarización de la sociedad". "Las encuestas que muestran su popularidad muestran un hartazgo con las políticas tradicionales y que se opta por ceder ante medidas autoritarias", agregó.

A pesar de que AMLO asegura realizar otro enfoque de seguridad con menor intervención de las Fuerzas Armadas, para Arriaga Mesa sus políticas en esta materia "también son autoritarias" y reiterativas porque "la idea de incluir a los militares en la lucha contra las drogas es del sexenio del presidente (Ernesto) Zedillo". La diferencia con el modelo salvadoreño, según el especialista, es que Bukele ha logrado sus objetivos y, hasta el momento, el tabasqueño no.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

La académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Ismene Bras detalló que AMLO promovió un "cambio de retórica" en su política de seguridad de la mano de su lema "abrazos no balazos" que consiste, por ejemplo, en no realizar grandilocuentes difusiones de los operativos contra el narcotráfico, pero que el reciente asesinato de dos de los cuatro ciudadanos norteamericanos "es un golpe a su estrategia" porque cuestiona la "tranquilidad ciudadana de circular por el territorio".

Que el maleante haya violado los derechos humanos no quiere decir que haya que violar los suyos. ¿Esto qué soluciona? ¿Después qué pasa?

La experta de la UNAM criticó la política de Bukele porque, sostuvo, que "el maleante haya violado los derechos humanos no quiere decir que haya que violar los suyos". "¿Esto qué soluciona? ¿Después qué pasa?", se preguntó y pidió atender "las condiciones estructurales" que generan el origen de la delincuencia. "México intenta mejorar estas condiciones, pero todavía no lo ha logrado", profundizó.

Mientras en El Salvador las políticas de Bukele provocan un hacinamiento carcelario del 287% y lleva al país centroamericano a la punta de los países con mayor población tras las rejas, AMLO enfrenta el desafío de mejorar sus propios números porque la seguridad, después de la mitad de su mandato, sigue siendo uno de sus principales problemas. 

Telam