De momento el puesto de Francisco Garduño Yáñez como titular del Instituto Nacional de Migración (INM) no peligra, a pesar de la presión que escala tras la muerte de 40 hombres migrantes en un centro de este instituto en Ciudad Juárez, pues el presidente López Obrador aseguró este lunes que se debe esperar el resultado de la investigación de la FGR.

"Tenemos que esperar a que la Fiscalía termine todo el proceso de investigación que está en marcha. Ya hay órdenes de aprehensión, pero falta todavía la conclusión de la parte que corresponde a la Fiscalía", dijo al ser cuestionado puntualmente sobre las exigencias de El Salvador por destituir al titular del instituto migratorio.

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Defendió que se está analizando ya la política migratoria el país, pero que todo será "en su momento", aunque se defendió de los señalamientos de la administración de Nayib Bukele: "Nosotros no somos represores ni violamos derechos humanos el Estado mexicano no tiene como propósito violar derechos humanos, no es el principal violador de derechos humanos".

La semana pasada la viceministra de Movilidad Humana de El Salvador, Cindy Mariella Portal Salazar, acusó que "la masacre" en Ciudad Juárez fue "un crimen de Estado", por lo que aseguró que no solo pedían la destitución sino también el procesamiento del director del INM y de todos aquellos que resultaran responsables.

"Tienen razón las autoridades de El Salvador. Es muy lamentable lo que pasó, tienen que proteger la vida de sus ciudadanos y estamos en comunicación, no va a haber impunidad, se va a castigar a los responsables", dijo también el presidente.

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Señaló que desde antes de la tragedia que cobró la vida de hombres migrantes de Venezuela, Colombia, El Salvador, Honduras y Guatemala, ya había entablado una conversación con el Padre Alejandro Solalinde para la creación de un consejo para atender el fenómeno migratorio.

Vale recordar que en los últimos años la migración a México ha incrementado, entre quienes buscan llegar a Estados Unidos, los que buscan refugio en el país y también los que son retornados del país vecino en medio de severas medidas migratorias como el Título 42, herencia de Donald Trump y que Joe Biden no ha logrado revertir. A la par, las denuncias de violaciones a los derechos humanos se han incrementado en un contexto donde las capacidades de albergues y atención a personas migrantes se ha visto sobrepasada.