Conforme ha avanzado el mercado energético como un negocio abierto, han ido apareciendo retos para los reguladores de este sector y a casi dos años de haber arrancado este proceso, ya identifica altas posibilidades de prácticas monopólicas y anticompetitivas.

La lupa que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Cofece han puesto ha sido en los jugadores del negocio de las gasolinas, del gas LP y más recientemente sobre el eléctrico. Para esta comisión, a cargo de Alejandra Palacios, el sector energético es de amplia prioridad, por estar en transición, al pasar de estar ampliamente regulado a un esquema de libre mercado a partir de la reforma energética

Una de las primeras batallas que la CRE dio a conocer fue sobre el mercado de gas LP, sobre el cual se identificó comportamientos "potencialmente anticompetitivos" en el mercado de distribución y comercialización del gas licuado de petróleo (LP), señalado por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas.

El reporte quedó en manos de la Cofece y podría concluir en sanciones de hasta 10% de los ingresos de los responsables.

En cuanto al mercado de las gasolinas, esta comisión investiga la posible concentración ilícita entre empresas en el mercado que comercializan y distribuyen gasolinas y diésel. La investigación apunta a que podrían haberse llevado a cabo procesos de consolidación de expendedores mediante adquisiciones, fusiones, consorcios o "alianzas comerciales". Se observó, por ejemplo, que en el último año el 10% de las estaciones de servicio del país ha cambiado de razón social.

El problema es que pueden ser bajo una conducta anticompetitiva. Lo que la Cofece tendrá que investigar es si a través de estas prácticas logran aumentar el poder sustancial de alguna empresa, desplazar a otros agentes económicos o establecer barreras a la entrada que impidan a terceros el acceso al mercado o a insumos esenciales, y facilitar la ejecución de prácticas monopólicas que dañen a los consumidores.

Además, en su última sesión, la CRE anotó más investigaciones por causales como no presentar reportes estadísticos o incumplir el pago de derechos o las condiciones de los permisos involucran a entidades como Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, a los municipios de Saltillo y Monclova, al Ingenio San Rafael de Pucté y a empresas como Gas Express Nieto y Nestlé.