No se registra buen ambiente en la cámara de empresas de Estados Unidos con el embajador Ken Salazar. La semana pasada, a dos dÃas de que el embajador respaldara a Norma Piña, la presidente de la Suprema Corte confirmó en el pleno del tribunal la reforma del sector de hidrocarburos del 2021 que le asigna al Gobierno un control casi absoluto en materia de permisos y concesiones.
La decisión de la Corte es un problema para aquellas empresas con presencia en el paÃs que buscaban amparos contra esta norma. El precedente de la Corte hace casi imposible que transiten los amparos.
Tres empresas estadounidenses presentaron en 2021 la primer demanda arbitral bajo los capÃtulos de solución de diferencias del T-MEC ante el CIADI. Se trata de las firmas Finley Resources Inc., MWS Management Inc., y Prize Permanent Holdings, las cuales interpusieron una demanda de arbitraje contra el Gobierno.
La semana pasada Salazar acompañó a Piña durante la presentación de las GuÃas Judiciales de Conducción de Audiencias en Materia de Extradición y tuvo palabras muy elogiosas con la titular de la Corte.
Vuelven asà las objeciones al embajador, por considerar que su estrecha sintonÃa con el Gobierno por momentos lo aleja de la defensa de los intereses de las empresas de EU.
Los más virulentos vinculan al embajador con un despacho de cabildeo que promueve inversiones de EU en México. De ahà su actitud amigable con Palacio Nacional. Por cierto: este comentario circuló fuerte en la presentación de esta semana del último libro de MarÃa Amparo Casar, titular de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
LPO reveló que en 2022 Anthony Blinken intentó remover a Salazar de la embajada, lo cual fue luego también confirmado por The New York Times.
Los puntos más problemáticos de lo avalado por la Corte, según dijeron a esta redacción desde AmCham, son la revocación unilateral de permisos, las cuotas mÃnimas de almacenamiento de petrolÃferos y la supervisión temporal de los mismos.
La norma es muy compleja, agregaron, para empresas del sector gasolinero que ahora son más vulnerables a ser vÃctimas de prácticas de corte extorsivo.
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