Fue uno de los temas que se escucharon en las conversaciones reservadas de la semana pasada en Acapulco. El decreto que firmó Enrique Peña Nieto para repatriar capitales no declarados no está funcionando. Cuando un grupo de banqueros se lo señaló a Agustín Carstens, con el Pacífico de fondo, el banquero central replicó: "Y claro, es que en Hacienda redactaron mal el decreto".

En resumidas cuentas, el problema es que el decreto no preserva legalmente a quien quiere repatriar sus fondos de un fuerte escrutinio del SAT. O sea, más que una herramienta para atraer fondos no declarados, se ha convertido en un vehículo para que el ente de control tributario vaya tras evasores que incumplieron con la normativa. Y el SAT, tras las reformas estructurales, tiene amplias facultades para proceder.

El decreto se firmó al calor del gasolinazo, en enero, cuando el país estaba colapsado y el Gobierno presentó un pacto con todos los empresarios (menos Coparmex) para correr el foco de los cuestionamientos. El decreto de repatriación era lo único medianamente tangible. Todo el resto eran promesas del tipo "acabar con la corrupción" o "apostar por los sectores productivos".

A poco más de dos meses esa crisis no parece superada. El presidente tiene un nivel de desaprobación histórico y José Antonio Meade ya avisó - también en Acapulco -, que abandona sus aspiraciones presidenciales. Fueron los dos protagonistas de esa crisis. Luis Videgaray estaba fuera del gabinete y Miguel Ángel Osorio Chong se esfumó de los reflectores. Una actitud que todavía el círculo primario de Los Pinos no le perdona.

El decreto de repatriación fue elaborado por el equipo de Meade. Carstens lo sabe muy bien y no dudó en exponerlo en su encuentro reservado con los banqueros. Esa dicotomía es una de las más candentes del Gobierno federal, especialmente si se considera que Carstens extendió su estadía en Banxico cuando conoció el interés de Meade en sucederlo. Una semana antes se había enfrentado por el alza en las tasas de interés ordenada desde Banxico.