Faltas de medidas preventivas, nulos decomisos, poco avance judicial en casos de lavado de activos y deficiencias en la inteligencia financiera son solo algunas de las duras observaciones sobre el país realizadas por Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la principal entidad a nivel global para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

El informe generó desconcierto en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público donde esperaban mejores conclusiones sobre el rumbo de país en este aspecto. Y es que el GAFI señala desde problemas macro hasta cuestiones muy concretas como que las inmobiliarias mexicanas no están debidamente supervisadas ni entrenadas para detectar lavadores. Al mismo tiempo apunta a los casinos, restaurantes y otras centros de esparcimiento.

Un punto crítico del informe tiene que ver con aquellas figuras que están obligadas a mostrar su información patrimonial y que esta sea verificada. Según el GAFI esto se debe extender  a altos mandos militares, alcaldes y titulares de empresas productivas del Estado.

Y hacia esto apuntaría José Antonio González Anaya. El secretario de Hacienda pedirá a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que antes de mitad de año designe un oficial anti-lavado para cumplir con parte de las observaciones del GAFI.

La designación de este oficial  será supervisada por Sandro García Rojas Castillo, vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la CNBV. Desde allí a la vez se instará a las Sociedades Financieras Populares (Sofipos), de Ahorro y Crédito Popular (Socaps) y uniones de crédito  a que tengan sus propios oficiales.