Con premura, los diputados aprobaron en la madrugada las modificaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), para ser turnado al Ejecutivo, con resignaciones al gasto que siguen sin priorizar rubros que fomenten el crecimiento económico, de acurdo a las primeras lecturas de los especialistas.

Los diputados aún tenían hasta el 15 de este mes para analizar y discutir el proyecto previamente aprobado por los senadores. Pero a diferencia del tratamiento que dan a otros temas, éste se cocinó en 10 minutos en comisiones para pasar al Congreso y ser votado por el 50.6% de los congresistas a las 4 de la mañana de este viernes.

El proyecto aprobado asciende a 5,279,667 millones de pesos, lo que equivale a 23.1 % del Producto Interno Bruto (PIB) previsto para el próximo año. Esto significa una disminución del gasto de 0.9 puntos del PIB, respecto de lo que se espera gastar en 2017, según los Criterios Generales de Política Económica presentados junto con el proyecto del PEF, y de 4.4 puntos PIB menos, que lo gastado en 2016.

Para los especialistas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), que dirige Héctor Villarreal, la mayor preocupación que se priorizaron ramos ejercidos por las entidades federativas e históricamente, con poca transparencia.

Por ejemplo, la ampliación al ramo 23 -conocido como "fondo moches", equivale al 89.7% del incremento en ingresos, mientras que los recursos a fondos no previstos suman 28,649 millones.

Dentro de las redirecciones aprobadas por los legisladores de San Lázaro al proyecto presentado por José Antonio Mede, al INE y al Poder judicial le quitaron recursos, lo que sumado a la postergación del pago de la deuda pública suman un monto de 40,300 millones de pesos que a su vez se redireccionan a tres rubros siempre peleados: agricultura, comunicaciones y transportes y educación pública.

Sin embargo, resultó insuficiente, de acuerdo con los especialistas. Esa redirección sumó un monto de 40,300 millones de pesos, pese a ello, agricultura sigue resultando en una baja de 2.5, comunicaciones y transportes de 4.7% y educación de 0.2% frente a lo aprobado en 2017.

En ese sentido, los especialistas criticaron que el presupuesto aprobado mantiene las inercias de presupuestos anteriores. "Sin cambios estructurales que impulsen el crecimiento económico en el mediano plazo y sin atender la inequidad intergeneracional".

Y pese a esa redistribución, el INE muestra un aumento de 53.3%. Los especialistas señalan que el Presidente Enrique Peña Nieto, tiene el poder de reasignar recursos al instituto, "en caso de que lo asignado no sea suficiente para cumplir con el proceso electoral.

Esos recursos podrían provenir del Ramo 23, sin embargo los analistas del CIEP advierten que dadas las modificaciones que año con año se han tenido en el presupuesto, la flexibilidad autorizada resta credibilidad de ejecución a la herramienta más importante para la implementación de la política pública.

Otros que salieron muy beneficiados son el Tribunal Federal de Justicia Administrativa con un incremento del 13.1%, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con 12.2%, la Defensa Nacional con 11.4%, la Marina, con 13.4%, Provisiones Sociales, 13.2% y la CFE con 12.4%.