La jefa delegacional de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, anunció que presentó una denuncia penal contra dos ex funcionarios de la delegación Tlalpan, los directores jurídicos de la demarcación, Alejandro Zepeda (2010) y Miguel Ángel Romero (2014), así como contra la directora Mónica García Villegas por el derrumbe del Colegio Enrique Rébsamen, que causó la muerte de al menos 26 personas; entre ellas, 19 menores.

"Acabo de presentar una denuncia penal adicional a la carpeta de investigación que por oficio tiene que presentar la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México contra cualquier autoridad que resulte responsable", declaró Sheinbaum en conferencia de prensa donde presentó los avances en las investigaciones sobre las irregularidades que permitieron funcionar al colegio colapsado por el sismo de 7.1 grados ocurrido el 19 de septiembre.

"Nuestro interés es como persona y como jefa delegacional -agregó-. Vamos a estar del lado de las víctimas. Quiero decirles con toda responsabilidad, que vamos a estar siempre de lado de la justicia, que vamos a estar siempre de la ley".

Igualmente, detalló que hay dos expedientes jurídicos, uno correspondiente al 2010 y otro al 2014, donde se encontró que el director general jurídico y de gobierno del entonces delegado Higinio Chávez, ordenó una visita de verificación el 23 de junio de 2010 por la construcción "de un cuarto piso que, en el expediente, se dice es un gimnasio".

Sheinbuam agregó que en octubre de 2015, cuando ella asumió el cargo, no fue presentado "como asunto relevante en el acta entrega-recepción. En el año 2013-2014, en la administración de Marisela Contreras, el 3 de noviembre de 2013, la Dirección General de Obras y Servicios Urbanos declara que es improcedente una solicitud que hace la propietaria de artículo 62 de la Ley de Construcciones, donde se señala que es una obra menor".

"El Jurídico, el 31 de enero de 2014, ordena clausurar y sancionar con el 5% del valor de la construcción y 300 días de salario mínimo -continuó-. Presuntamente se ponen sellos en esa construcción. Y presuntamente estuvo clausurada prácticamente una estuvo clausurada un año esa construcción".

Sin embargo, al momento del análisis técnico, informó la delegada, se observó que realizaban trabajos de demolición de estructuras de concreto armado del tercero y cuarto nivel, "dañando elementos estructurales que afectan la estabilidad de la construcción", leyó. "Se cierra el expediente jurídico con 21 mil pesos de multa y se levantan los sello. ¡Indignante!", concluyó, pues hasta este momento no hay ninguna evidencia en los expedientes que se haya subsanado el procedimiento, "es decir que se haya cerrado jurídicamente".