En la previa de las elecciones de 2024, el diputado de Morena Temístocles Villanueva Ramos presentó un proyecto de ley para otorgarle rango constitucional al derecho al voto para las personas que se encuentran detenidas en prisión preventiva oficiosa a la espera de una sentencia firme por parte de los tribunales judiciales del país. 

La iniciativa legislativa retoma una sentencia firme dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal que obliga a los congresos estatales a reconocer este derecho y un fallo del 2008 en favor de una comunidad indígena de Chiapas, que estableció que una persona no pierde sus derechos políticos electorales a pesar de estar en una cárcel sin sentencia firme. 

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De esta manera, la propuesta sostiene: "Las personas que se encuentren sujetas a prisión preventiva sin sentencia firme tienen derecho a emitir su voto en la elección para la Jefatura de Gobierno, las diputaciones del Congreso, las Alcaldías y en cualquier mecanismo local de participación ciudadana organizado en la Ciudad de México". 

En diálogo con LPO, Villanueva Ramos aseguró que su proyecto busca legislar a favor de las personas "que han sido vinculadas a proceso y que no han podido agotar las instancias para demostrar su inocencia o culpabilidad". "Están en la cárcel por un mecanismo que busca evitar que puedan huir del país", aseguró y afirmó que "una persona acusada no puede perder sus derechos políticos y electorales" ya que estos "solo se pierden cuando se demuestra la culpabilidad".

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Además, el proyecto de ley busca ser un mecanismo de reinserción social que facilite y acelere el reingreso a la sociedad de las personas que ya cumplieron con sus condenas. "El compromiso que genera ir a votar y las decisiones que van a tomar puede ser una medida de resocialización porque las vuelve más conscientes de las necesidades de su entorno, colonia, alcaldía, ciudad y país", agregó el legislador. 

En conversación con este medio, el representante de Morena recordó que en 2021 se llevó a cabo una prueba piloto que involucró a diversas cárceles de todo el país y que en las elecciones estatales de Hidalgo en 2022 también se tuvo en cuenta este tema. "Los resultados fueron bastante positivos", destacó, pero remarcó que su legislación busca incluir este derecho en el "código de procedimientos electorales" de la CDMX para que en el futuro no dependa de la voluntad del INE, como ocurre hasta el momento. 

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En total, la medida podría beneficiar a casi ocho mil personas, de las cuales casi 600 son mujeres. Hasta el momento, su futuro legislativo es una incógnita, pero Villanueva Ramos sostuvo que la misma ya recibió el apoyo de diversos partidos políticos, por lo cual es optimista ante su posible aprobación. Uno de los principales objetivos es convertirla en ley antes de que finalice mayo, ya que, a partir de ese momento, cualquier legislación electoral no podrá ser válida para los comicios de 2024, sino recién para los siguientes. 

"El voto de una persona en prisión preventiva no solamente implica involucrar a esa persona en una decisión pública, sino implicarla junto a su familia que está en libertad, que visita a esta persona con cotidianidad y que conoce las problemáticas de esta comunidad", completó.