Asociaciones de derechos humanos de Francia, Italia y España manifestaron su preocupación por la situación en las cárceles de Ecuador.
En un documento al que tuvo acceso LPO, los organismos aseguraron que "el crimen organizado ha impregnado profundamente las estructuras del Estado ecuatoriano" y que las mafias "dirigen sus actividades delictivas desde dentro de las prisiones".
Esto se produce en el marco de la guerra declarada por el gobierno de Daniel Noboa contra los grupos narcos tras la fuga de un poderoso capo narco del grupo Los Choneros de una de las principales cárceles.
Las cárceles, el centro de gravedad estratégico del conflicto interno ecuatoriano
Desde el 10 de enero, por decisión del gobierno, se encuentra en estado de excepción a raíz con autorización al Ejército y a la policía a intervenir en las cárceles. Como adelantó LPO, el centro de gravedad de los diferentes grupos de terrorismo urbano son las cárceles donde, además, hay manejo de la economía ilegal que mantiene el aparato delictivo a nivel nacional.
Existen 35 centros de privación de libertad donde las 23 organización terroristas consolidan sus dominios en cada pabellón y desde donde se ejerce una gobernanza criminal. El control en cada recinto carcelario lo ejercen las organizaciones delictivas, gracias al nivel de penetración y corrupción en las instituciones estatales encargadas de su administración.
El documento, firmado por la Asociación de los Migrantes Latinoamericanos en Francia, el Foro Italiano por la Democracia y los DDHH - Amigos de Ecuador y la Asociación por las Libertades en Iberoamérica y los DD.HH española, cuestiona la asignación de los reclusos en las distintas cárceles "basada en afiliaciones a grupos delictivos", lo que provocó que entre 2017 y 2023 los miembros de las distintas bandas se agruparan en los mismos pabellones "ignorando protocolos internacionales".
Las organizaciones acusan a los Gobiernos de los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso de permitir "que bandas delictivas controlaran los pabellones", lo que contribuyó "al aumento de la violencia en un país que antes era considerado uno de los más seguros de Latinoamérica.
También cuestionan el cierre en 2018 del Ministerio de Justicia y DD.HH y la creación de un organismo a cargo de la gestión penitenciaria que "carece de la autoridad y alcance territorial" para hacer frente a estos grupos.
En el correísmo plantean que en su gobierno había un comité de seguridad donde intervenían policías, ministerios, militares y otros cuerpos de seguridad del Ecuador y todo el mundo se enteraba lo que sucedía, inclusive había una coordinación con fuerzas municipales y eso ha sido desmantelado.
Uno de estos comités era el de inteligencia carcelaria, el que estaba monitoreando qué es lo que pasaba en estos lugares y se podía evitar que eso ocurra actuando oportunamente pero ja sido eliminado junto con la inteligencia criminal en las Fuerzas Armadas.
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