Habiendo cumplido apenas un mes tan vertiginoso como incierto en el gobierno nacional, el presidente Javier Milei encara una semana clave para el futuro de la denominada ley ómnibus, considerada para la administración encabezada por el libertario una "herramienta fundamental" para su proyecto de poder.

Se trata de una inédita mega-ley de casi 650 artículos, bautizada pomposamente -con evidentes reminiscencias alberdianas- como "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos", que convalida una fenomenal delegación de facultades en el presidente, declara una amplia emergencia y modifica o deroga diversas leyes y decretos en materia impositiva, previsional, laboral, entre tantas otras. Además, la misma contempla, la ratificación del mega decreto de desregulación económica que ya fue cuestionado en la justicia.

Para Milei lo que está en juego es, sin duda alguna, mucho más que el contenido de la ley. Un contenido que, si bien en una parte sustancial es parte del núcleo de su programa económico, avanza en muchas cuestiones polémicas que exceden los temas de la agenda urgente, pareciendo tratar de imponer normativamente -junto al DNU- una suerte de "revolución liberal".

Más allá de lo controvertido de algunos temas, la adopción de está formula de "todo o nada", que en su plasmación legislativa lleva a combinar en una sola iniciativa cuestiones que el gobierno considera urgentes con temas accesorios o con transformaciones que requerirían un debate más profundo, potencialmente expone al gobierno a un temprano y peligroso conflicto de poderes.

El presidente interpreta que el tiempo juega a su favor. Que el resultado de las urnas, que la mayoría de las encuestas ratifican en materia de imagen presidencial, lo habilita a ir por todo. Que la percepción generalizada sigue siendo que no hay otra alternativa y que, por ello, ante el sacrificio invocado, la frustración acumulada por años justifica cierta "paciencia" ciudadana. Que en función de la emergencia no hay tiempo para perder en discusiones bizantinas, intercambios dialecticos ni argumentaciones jurídicas como las que entraña el procedimiento legislativo. Y que el Congreso es la encarnación más palmaria de la casta, por lo que la opinión pública repudiaría cualquier obstaculización de sus iniciativas.

Lo cierto es que más allá de la narrativa anti casta y su manifestación discursiva más concreta asociada a la intransigencia, esta semana habrá de verse si realmente Milei está dispuesto a avanzar a como dé lugar, aún sin el acompañamiento del Congreso, o si está aprovechando su posicionamiento preferencial para sacar el máximo provecho posible de una estrategia basada en el "juego del gallina".

En "Rebelde sin causa" (1955), una de las películas culturalmente más significativa del cine estadounidense del siglo XX, el personaje de James Dean (Jimmie) juega un peligroso juego con Buzz, un matón novio de Natalie Wood (Judy), que consistía en ver quien saltaba ultimo de un auto en carrera hacia un acantilado de la costa californiana.

La icónica escena de esa clásica película de Hollywood recoge una situación de conflicto que en la teoría de los juegos se conoce como "juego del gallina" (chicken game). El escenario que postula es el siguiente: un conflicto entre dos personas o instituciones en el cual si ninguna de las partes cede, se producirá un resultado grave en el que ambos pierden, frente al que ambas partes perciben que la mejor estrategia es mantenerse firme y que el otro ceda: de esa forma se evitará la catástrofe colectiva y quien se haya mantenido firme podrá sentirse satisfecho por haber triunfado.

Claro está, ni Milei es James Dean, ni el Congreso es el pandillero que en la película protagoniza Corey Allen. Por lo tanto, lo que están en discusión es la funcionalidad de los dispositivos democráticos para la toma de decisiones. Y, lo inédito del fenómeno Milei es que, a diferencia de otros ejemplos históricos -a nivel local y regional- de liderazgos que han optado por gobernar por encima de otros poderes, está en una situación de manifiesta debilidad institucional.

Así las cosas, a partir de hoy se verá si el primer mandatario estará dispuesto a pagar los costos de esta intransigencia, con lo que eventualmente podría generarse un gravísimo conflicto de poderes que podría derivar en una crisis aún más profunda del sistema político, de consecuencias aún más imprevisibles.