Pedro Sánchez sabe que necesita de los votos de los independentistas catalanes para mantener a flote su legislatura en los próximos cuatro años. Y Carles Puigdemont sabe que tiene una capacidad de veto que le permite tensar la cuerda al máximo para sacar el mayor rédito posible.
Esa aritmética empieza a palparse en las negociaciones por las primeras leyes del nuevo ciclo polÃtico. La semana que viene el Congreso votará la convalidación de tres reales decretos del Gobierno: el llamado decreto ómnibus, otro del Ministerio de Trabajo y las medidas anticrisis.
Junts amenaza con rechazar este paquete de leyes. ¿La razón? La inclusión de un punto que, entienden, puede afectar a la aplicación de la ley de amnistÃa.
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El artÃculo que causa la discordia es el 43 bis, que se añadirÃa a la Ley de Enjuiciamiento Civil y que permite a cualquier tribunal dejar en suspenso la efectividad de cualquier norma en el momento que se planteara una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que dirima si está dentro de los parámetros de la UE.
En Moncloa confiaban en que los independentistas estaban jugando otro farol, como han hecho con la votación de la Mesa del Congreso y con la investidura de Pedro Sánchez. Sin embargo, a dÃas de la votación las conversaciones siguen estancadas.
Tal es la inquietud en las filas del Ejecutivo que este jueves el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, viajó a Barcelona para encontrarse cara a cara con Jordi Turull, secretario general de los catalanes.
Según fuentes independentistas, las posturas siguen "lejos". Junts exige que se retire el decreto y se haga uno nuevo sin las cuestiones espinosas. El PSOE lo rechaza.
La interpretación es que se habilitarÃa al Tribunal Supremo (TS) y a cualquier otro juzgado dejar en pausa la aplicación de la ley de olvido penal pese a estar aprobada en el Congreso.
Desde el Gobierno recuerdan que la inclusión del 43 bis en el real decreto "no cambia nada". Fuentes socialistas confÃan en convencer a su (incómodo) socio. La amnistÃa todavÃa tiene que ser votada y a ninguna de las dos partes les conviene que la legislatura se rompa ni bien arrancar.
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