Los que le conocen aseguran que Santiago Abascal ya preparaba este asalto a su propia formación. El líder de Vox busca llegar a la asamblea general ordinaria del partido, el próximo sábado, con una nueva cláusula que impida a afiliados, cuadros y cargos comentar lo que sucede puertas adentro de Bambú. Y la medida, que extrema el silencio y la obediencia internas, aparece en un momento clave para la ultraderecha.

Quien se atreva a romper esta regla se enfrenta a una expulsión sin más. Dentro de pocos días, los dirigentes de Vox tampoco podrán esclarecer o comparecer ante medios de comunicación específicos, de momento no publicados en una lista, bajo amenaza de suspensión e inhabilitación. Abascal apenas deja lugar a dudas: no habrá cuestionamientos a su liderazgo ni a las líneas directrices de la formación.

 El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé.  

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A partir del sábado, la dirección de Vox observará de cerca "las manifestaciones verbales o escritas por cualquier medio que dañen la imagen pública del partido o de cualquiera de sus órganos colegiados, de sus miembros y afiliados". La propuesta es tan draconiana que las propias bases del partido ni siquiera podrán conocer la composición del Comité de Acción Política, que funciona como la mesa chica conducida por Abascal.

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Pero Vox vende la reforma reglamentaria como necesaria ante el "continuo aumento de afiliados", "una mayor trasparencia y flexibilidad en el funcionamiento del partido", que suena raro dada la mordaza que aspirar a aprobar, y anticiparse "a los retos futuros". La nota de prensa destaca además "mejoras en los ámbitos de confidencialidad y deber de secreto", más para la cúpula que para la democracia interna.

La realidad ha forzado también a prestar atención a lo que sucede en las comunidades autónomas. El modelo de control es el que se inauguró en Castilla y León, y el que predomina en la mesa de negociaciones con los populares

Abascal concentrará el poder como nunca, con prerrogativas para decidir sobre las campañas electorales, incidir en los controles internos del partido en términos del comportamiento de los empleados públicos y supervisar, a través del Comité de Acción Política, formado y vigilado por el líder, la actividad de los grupos parlamentarios y municipales, algo que ya sucedía de facto en las comunidades. 

Macarena Olona, exdiputada de Vox y líder de Caminando Juntos.

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Con todo, el arribo de los populares a distintos territorios, con la necesidad de pactos con la derecha ultra, obliga a Abascal y su reducido entorno a no dejar cabos sueltos en lo que refiere a las negociaciones y acuerdos. La realidad ha forzado también a prestar atención a lo que sucede en las comunidades autónomas. El modelo de control es el que se inauguró en Castilla y León, y el que predomina en la mesa de negociaciones con los populares. 

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Las modificaciones que ya estaban en agenda antes de la campaña de mayo, y cobraron fuerza tras la salida poco discreta de Macarena Olona, quien se ha ido de la formación con información incómoda para los de Abascal. Vox será a partir del sábado un partido más inescrutable, sin ida y vuelta con las bases, obsesivo y hasta paranoico. Un partido a medida de Abascal y nadie más. 

En el PP no terminan de descifrar la jugada de Abascal. Como interlocutor, un partido cohesionado es preferible a uno poco orgánico, pero una conducción férrea complica los matices de una negociación y un potencial Gobierno de coalición de derecha. El Vox que España conocerá la próxima semana será una versión adaptada a la posibilidad de llegar a Moncloa como socio obligado del PP.