La investigación del juez Juan José Escalonilla sobre la presunta financiación irregular de Podemos compromete la campaña electoral de Pablo Iglesias. El titular del Juzgado nº 42 de Madrid ha llamado a declarar en calidad de testigos a 12 trabajadores de la formación a siete días de las elecciones madrileñas a las que el líder del partido concurre como candidato. Entre los miembros que tendrán que declarar hay una candidata que integra las listas electorales del 4 de marzo. 

Así, acudirán al juzgado una docena de personas que trabajaron en la campaña de las elecciones generales de abril de 2019, los comicios para los que presuntamente Podemos contrató a la empresa mexicana Neurona, cuyos trabajos generan fuertes dudas al juez y la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional, que emitió un demoledor informe al respecto. Las sospechas de que esta empresa, vinculada a Juan Carlos Monedero, no realizó los trabajos para esos comicios pese a haber sido pagada con subvenciones electorales destinadas a dicho fin ha llevado al juez Escalonilla a llamar a numerosos testigos para dar cuenta de lo ocurrido. 

Con estas nuevas declaraciones, la formación de Pablo Iglesias quiere acreditar que la consultora política Neurona Comunidad hizo el trabajo para el que fue contratada por el partido para las elecciones generales del 28 de abril de 2019, en contra de las sospechas del instructor, que cree que en realidad fue un contrato simulado para desviar dinero de las cuentas 'moradas'.

[La UDEF sospecha que Podemos desvió la subvención electoral para las generales a través de Neurona]

Según la providencia, a la que ha tenido acceso LPO, los llamados a declarar el 26 de abril entre las 9:15 y las 14:15 son Guillermo Magariños, coordinador del equipo de campaña electoral; Karin Gajardo, responsable de los servicios contratados con Facebook y redes sociales donde se insertaban los vídeos realizados por Neurona; Allende Marina Palomo, integrante del equipo de campaña electoral y actual miembro de la lista electoral de Pablo Iglesias para la campaña del 4M; Mario Gálvez y Julián Macías, integrantes del equipo de redes sociales; y Mikel Oibar, coordinador del equipo audiovisual de la campaña electoral.

También están citados Alfredo Almendro, integrante del área de diseño gráfico; Ángela Cartagena y Nuria Arranz, del área de prensa;  Irene Lingua, integrante del área de audiovisuales, trabajadora de Podemos en Las Cortes y miembro de la Asociación 404 Comunicación Popular, empresa que recibió un pago de 55.000 euros por parte de Podemos; también declaraán Tsun Eduardo Ho, integrante del equipo de redes sociales; y Javier Ivanyez, del área de audiovisuales.

El caso 'Neurona'

El núcleo de esta causa, en la que se investiga la presunta financiación irregular del partido, es el contrato que Podemos firmó con Neurona Comunidad por 363.000 euros por labores de consultoría política para las elecciones generales de 2019. 

A lo largo de la instrucción, Escalonilla ha archivado varios asuntos que constaban en la denuncia presentada en diciembre de 2019 por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente, de la que partió el caso 'Neurona', tales como los contratos electorales con ABD o las obras de la nueva sede del partido. También cerró la investigación sobre las donaciones de la Caja de Solidaridad de la formación política a organizaciones afines pero la Audiencia Provincial le ha ordenado reabrirla.

[La Audiencia de Madrid cree que Podemos se saltó la Ley de Partidos para evadir el control de sus cuentas]

Además, a raíz de un escrito presentado por la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona, Escalonilla ha acordado abrir procedimientos independientes sobre los nuevos hechos denunciados por ésta, entre ellos el supuesto uso de una empleada del partido y ahora asesora del Ministerio de Igualdad como niñera de los hijos de la ministra, Irene Montero.