La reforma del Código Penal entró en vigor este jueves y dejó a Carles Puigdemont más cerca de regresar a España. Pablo Llarena, magistrado del Tribunal Supremo, retiró el delito de sedición del procesamiento contra el expresidente catalán porque simplemente ya no existe, y Gonzalo Boye, abogado defensor, dijo estar "convencido" de que Puigdemont volverÃa en febrero o marzo.
Llarena mantiene los delitos de malversación y desobediencia, pero ha dejado un auto que apunta a Pedro Sánchez. "La opción legislativa no ofrece un menor reproche penal para quienes están pendientes de un eventual enjuiciamiento, sino que aporta un contexto cercano a la despenalización", afirma. Además, defiende que la reforma no acerca la legislación española a la europea, uno de los principales argumentos de Moncloa.
El magistrado considera que el delito de sedición suprimido "era plenamente homologable a la de los paÃses de nuestro entorno para afrontar comportamientos como el enjuiciado". Desde el gobierno decidieron enfocarse en la malversación. Isabel RodrÃguez señaló que Puigdemont y los procesados por el 1-O tienen condenas pendientes. Pilar Llop, ministra de Justicia, dijo que no habÃa leÃdo la resolución y prefirió no opinar.
Raquel Sánchez también secundó al gobierno. "Quiero recordar que hace algunos años, cuando se tramitaban las peticiones de extradición, uno de los problemas jurÃdicos y procesales a los que se enfrentaba la justifica era precisamente esa falta de homologación de nuestro Código Penal", aseguró la ministra de Transporte, contradiciendo a Llarena.
Las consecuencias del acuerdo entre el Ejecutivo central y ERC en el Congreso envalentonaron al expresidente de la Generalitat, ya que Boye habló sobre su regreso una vez que el Parlamento Europeo emitiese la resolución sobre el suplicatorio que, prevé el abogado, será entre finales del próximo mes e inicios de marzo. Sin embargo, el magistrado ha dejado vigente las ordenes nacionales de detención.
De los dirigentes del 1-O procesados, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn pedirán la absolución, mientras que Jordi Sà nchez y Jordi Cuixart esperarán la resolución del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. El gobierno ha confiado en que la reforma rebajará la tensión en Cataluña y redundará en el regreso del PSC a la Generalitat. "Sánchez quiere un gobierno del PSC y ERC y terminar con el independentismo", dice a LPO un veterano del partido.
Pero el PP está listo para presentar la movida como una claudicación por parte de Sánchez. " Sánchez dijo que iba a traer a Puigdemont a España, pero no de qué forma", ironizó ElÃas Bendodo, el hombre al frente de la estrategia electoralista de los populares. Y dijo que el presidente le tendió una "alfombr roja" para volver a España. Es el daño colateral que pagó Sánchez y el PP va explotarlo.
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