En estos momentos España afronta un desafío grave a su integridad territorial dirigido desde el Gobierno de la Generalitat. Estamos a las puertas de una sentencia por unos hechos calificados de rebelión y protagonizados por miembros del propio gobierno catalán. Es realmente curioso que la primera autoridad del Estado español en Cataluña, es decir, el presidente de la Generalitat, dedique todo su tiempo a conspirar para la destrucción del propio Estado utilizando sin ningún rubor todas las infraestructuras gubernamentales para este fin. En su despacho oficial, o en el de sus consejeros, no se debate sobre la calidad de la sanidad, la programación de las infraestructuras de comunicaciones, las medidas a adoptar para revertir la situación de creciente inseguridad ciudadana, o dotar a la educación de elementos de calidad que sitúen a nuestros niños y jóvenes a la vanguardia del talento europeo. Los despachos oficiales se usan para trabajar en la consecución del objetivo final que es la independencia de Cataluña.

El gobierno catalán va traspasando líneas rojas: primero fueron las acciones de desconexión de España y la declaración unilateral de independencia y ahora la detención de un comando de radicales al que se le incautó material para fabricar explosivos y planos de edificios donde cometer atentados. Hay que recordar que fue el propio presidente de la Generalitat el que les dijo públicamente a los más radicales que "apretaran", es decir, que intensificaran las acciones de presión de todo tipo, y éstos, como parece obvio, le estaban haciendo caso. Es más, la propia Justicia está investigando nexos directos entre los detenidos y el propio presidente de la Generalitat. Estos hechos, por si solos, ya deberían servir para apartar del Gobierno al que hace un uso ilegítimo e ilegal de su ejercicio. El Estado no puede ni debe actuar con debilidad, como la mostrada por el Gobierno de Mariano Rajoy en la pésima aplicación del artículo 155. Tampoco como la que muestra Pedro Sánchez con el sinfín de cesiones y decisiones para no soliviantar a los que en el futuro puede necesitar por aritmética parlamentaria y son hoy sus socios en la Diputación de Barcelona.

 La decisión de lo que debe ser un país no la puede tomar una parte del propio país, sino que se debe decidir por el conjunto

La decisión de lo que debe ser un país no la puede tomar una parte del propio país, sino que se debe decidir por el conjunto, en este caso, donde está residenciada la soberanía nacional como son las Cortes Generales. Si se dejara la decisión a que cada parte decidiera su futuro, esta situación podría no tener fin: al día siguiente de que Cataluña se independizara, aparecerían otros territorios queriendo ser también independientes. ¿Y quién les dice a los catalanes recién independizados que Girona no pondría en marcha su proceso de independencia atendiendo a supuestas raíces históricas, y llevado al absurdo, el propio barrio de Pedralbes -en Barcelona- podría avanzar hacia la independencia ya que podrían argumentar el desequilibrio fiscal ya que pagan muchos más impuestos que el barrio del Raval?

Cualquier Estado serio habría puesto fin a este despropósito mucho antes, utilizando los mecanismos previstos en la Constitución, pero no en la forma que utilizó el PP con Mariano Rajoy. Ya llegamos tarde una vez aplicando la Constitución y no nos lo podemos volver a permitir. La solución debería ser una planificación a medio plazo, sobre cómo se recupera la libertad y el orden constitucional en Cataluña, con el fin de ejercer de forma eficiente las muy importantes competencias que tiene transferidas la Generalitat, con el objetivo de mejorar la sanidad, la educación, las infraestructuras, la seguridad, la economía en general. También tendría como función restaurar la convivencia que ha sido afectada por el sectarismo del Gobierno de la Generalitat que ha desprotegido a los ciudadanos que son contrarios a la independencia. Obviamente, también se debería desmontar el entramado creado a lo largo de años de apoyo al proceso independentista: subvenciones a organizaciones como Òmnium Cultural o la ANC, el apoyo mediático utilizando los medios de comunicación públicos, o el adoctrinamiento ejercido en los colegios.

Todo esto debía haberse llevado a cabo antes y, por supuesto, la deriva de Torra solo evidencia que el fin del 155 que respaldaron Partido Popular y Partido Socialista fue un error. Pero hay que mirar al presente, y lo cierto es que la situación requiere hoy un horizonte mucho más amplio para comprobar una mejora sustancial en la calidad de los servicios públicos. Las más de cinco mil empresas que se marcharon de Cataluña a buen seguro regresarían en este periodo y la economía y el empleo mostrarían signos positivos. Esta situación también beneficiaría al conjunto de la economía española porque recordemos que la economía catalana aporta alrededor del 20% al PIB español.

Las consecuencias del desafío trascienden lo que es un problema meramente catalán o circunscrito a su ámbito territorial y lo convierten en un problema nacional ante el cual el conjunto de ciudadanos no podemos permanecer inmóviles. Las líneas rojas que ha traspasado el Gobierno de la Generalitat y la inacción del Gobierno de España justifican la moción de censura que ha presentado el partido más votado en las últimas elecciones en Cataluña, Ciudadanos. Una moción de censura que pretende dar la voz de alarma ante una situación insostenible que se vive en Cataluña y que, de no poner solución, afectará negativamente al conjunto de los españoles.