La cita es histórica. Este miércoles, 32 países europeos se sentarán ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por su inacción climática. Los demandantes son un grupo de jóvenes portugueses, que esgrimen que los Gobierno no están haciendo nada para evitar catástrofes ambientales que ya están poniendo en jaque a la humanidad.

El caso revela que los litigios climáticos empiezan a ser un instrumento clave en esta (desoída y ninguneada) cruzada civilizatoria. Jaime Doreste Hernández es uno de los abogados españoles con más experiencia en este tipo de pleitos. Hace 20 años que brinda asistencia jurídica (organizaciones sociales, empresas, particulares y administraciones públicas) en la defensa y conservación del medio ambiente.

Es el abogado de Ecologistas en Acción (confederación de más de 300 grupos ecologistas distribuidos por pueblos y ciudades de toda España) y uno de los letrados que demandó al Gobierno de Pedro Sánchez por la falta de ambición en la reducción de emisiones, un expediente que en julio fue desestimado  por el Tribunal Supremo.

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"Hace 20 años éramos cuatro gatos los abogados especializados en Derecho Ambiental. Entrabas en un juzgado penal, acostumbrado a agresiones, robos y delitos contra la propiedad, a hablar del envenenamiento del alimoche y te trataban como un marciano. En el Tribunal de Justicia de Castilla y León me hacían la broma de acá llegó Jamie a hablar de "pájaros y bichos". Hoy el panorama es otro. Lo que está en juego es la supervivencia de la humanidad. Los grandes conflictos del siglo XXI van a ser climáticos. Y el derecho ambiental va a ser la piedra angular", explica en diálogo con LPO.

LPOJavier Barbancho

¿Qué es un litigio climático?

Pues aunque parezca una pregunta fácil no lo es. Las definiciones que se manejan para mi son inexactas porque son demasiadas amplias. Se repite que hoy en el mundo hay más de tres mil litigios climáticos, por un relevamiento de la Universidad de Columbia. Es falso. Se está considerando un litigio climático a cualquier procedimiento que cite en algún momento el cambio climático. Cuando bajas al detalle, esos litigios, en muchos casos, son demandas que imponían empresas al gobierno para incrementar las cuotas gratuitas de emisión. Eso no es un litigio climático. No basta con invocar al derecho climático, tiene que ser una pieza esencial del procedimiento, la piedra angular sobre la que va a descansar el fallo. Con esta aclaración, hoy en el mundo no superamos los 100 litigios climáticos. En España, por ejemplo, hay tres.

Ya no estamos discutiendo sobre la supervivencia de las aves ibis eremitas, cuando discutimos sobre cambio climático, estamos discutiendo las condiciones de habitabilidad del planeta, la supervivencia de la humanidad. Nos enfrentamos al mayor riesgo civilizatorio. Y a la vista de los resultados lo estamos haciendo con muy pocas ganas 

Con tamaña crisis climática que ya tenemos encima 100 litigios en todo el mundo parecen muy pocos. ¿Son pocos?

Imagínate mi frustración que soy desde 2001 abogado ambientalista y que no he podido demandar a nadie por el tema climático hasta el año 2020. Eso tiene que ver con que la mayor parte de los instrumentos internacionales que regulaban el cambio climático no estipulaban un contenido obligacional directamente demandable ante los tribunales. El ejercicio de imaginación e ingeniería procesal que había que hacer era muy grande en una época que en España ya teníamos la Ley de Cambio Climático. Costó y sigue costando mucho. Hay muy pocos litigios climáticos porque es muy difícil encontrar la ventana de oportunidad, es decir encajarlo desde el punto de vista procesal. Vamos a poner el ejemplo del Protocolo de Kioto: para qué me sirve demandar al Estado español por haber incumplido este protocolo a toro pasado. Lo interesante de un litigio es que tenga un efecto preventivo y útil. Y también durante muchísimos años nos faltó un precedente esperanzador. Y eso nos lo dio en 2020 el caso Urgenda en Países Bajos (demanda contra Shell). Un caso que no estaba basado en el derecho nacional, sino en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del que todo el continente es parte. Las doctrinas son vinculantes, por lo que fue un precedente ilusionante que sentó doctrina. En resumen: el crecimiento de litigios climáticos es exponencial si partimos de la base que hace cinco años no existía ninguno. Lo importante de esto: la interpelación e implicación de un poder del Estado, como es el poder Judicial, en el desafío climático.

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¿Puede pensarse entonces que a partir de ahora, con la aceleración de la crisis climática, los litigios van a multiplicarse?

Seguro. Ya tenemos un cuerpo jurídico, tanto normativo como jurisprudencial. Todas las estrategias procesal que se diseñaron para estos pocos litigios por el clima nos pueden servir para muchas otras vertientes del derecho ambiental. España es la gran granja de Europa. Tenemos un problema muy grave de contaminación por metano y contaminación por nitratos en las aguas. El cumplimiento de las obligaciones internacionales, que resultan decisivas para la unanimidad, abren muchas ventanas de oportunidades. Ya no estamos discutiendo sobre la supervivencia de las aves ibis eremitas, cuando discutimos sobre cambio climático, estamos discutiendo las condiciones de habitabilidad del planeta, la supervivencia de la humanidad. Nos enfrentamos al mayor riesgo civilizatorio. Y a la vista de los resultados lo estamos haciendo con muy pocas ganas. No vamos a dar esta batalla con la pasividad de la sociedad civil, por más litigios que impongamos.

¿Se puede demandar a un Ejecutivo local que suprime carriles bici (Elche, Gijón) o que deja que se seque un río por sobreexplotación por el cultivo de aguacates (Málaga)? 

Claro que sí. Como abogado ambientalista nunca me faltaría el trabajo. Otra cosa es quién puede contratarlo, que es otra cuestión compleja. Pero si uno piensa la situación política que se está viviendo en España después de las elecciones del 28 de mayo con el cambio de signo de muchos gobiernos que tienen como premisa desmantelar todos los avances en materia ambiental, los litigios pueden estar a la orden del día. Ejemplos sobran. El último el ayuntamiento de Badalona postergando la implementación de la zona de bajas emisiones.

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¿Y a día de hoy quiénes son los demandados en los litigios climáticos? ¿Gobiernos y grandes empresas?

Mayoritariamente gobiernos de ámbito nacional. En menor medida, Estados regionales. Y cada vez más, gracias el caso Urgenda en Países Bajos, empresas que incumplen las obligaciones del Acuerdo de París. Cosa que al día de hoy yo, lamentablemente, no sé trasladar al derecho español. Pero Países Bajos ha demandado a Shell obligándole a establecer un calendario de reducción de sus emisiones. En España tenemos a una de las empresas más contaminante del mundo como Repsol. Todavía no encontramos una vía de poder hacer una acción semejante en España. Pero no sería descartable.

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Pareciera ser toda una señal que el poder Judicial ya no puede mirar para otro lado en un debate climático que hoy tiene un fuerte componente político. Tres años atrás el secretario general de la ONU no decía que la humanidad ha abierto las puertas del infierno. ¿El litigio es hoy la herramienta más eficaz en la lucha climática?

Pues yo espero que no. Y soy abogado y tiro piedras contra mi propia profesión. Un conflicto ambiental jamás se puede dejar solo en manos de un abogado y como sociedad desentendernos. Tendremos un pleito maravilloso. Lo puedo hacer fenomenal. Pero tiene un efecto desmovilizador brutal. Ejemplos: cuando Madrid decidió desmantelar "Madrid central". La movilización ciudadana fue determinante. Ese pleito lo llevé y lo gané. Otro caso de litigio climático: nuestra demanda contra el Gobierno español, que hemos perdido tras las sentencias desestimatorias del Tribunal Suprema. La abogacía de Estado defendió en mi cara que lo aprobado en 2021, el objetivo de mitigación climática de 23%, era lo más ambicioso posible. Y ahora, en la revisión del PINEC, el Gobierno se compromete a elevarlo al 32%. La presión política y ciudadana ha logrado lo que no logramos en un juzgado. Seguramente el "miedo en el cuerpo" que le hemos metido con el litigio ha ayudado a que se haya subido el nivel de ambición climática. La clave: la presión social.

LPOJavier Barbancho

Entiendo el punto. ¿Pero no es exagerado decir que un litigio climático puede ser desmovilizador?

Es desmovilizador si la sociedad deja de dar "guerra" escudándose en que ya hay abierto un litigio climático. Otro ejemplo, el que está sucediendo en Madrid respecto a la ampliación de una línea de metro. No vas a ver a ningún grupo ecologista ni a ninguna asociación vecinal criticar la ampliación de un transporte público. Ahora sí para no afectar durante dos años el tráfico rodado de una determinada calle vas a poner las marquesinas de acceso y la estación en un parque, como el de Comillas, y desconfigurar gran parte de la arboleda, pues la cosa es diferente. Pedimos como medida cautelar que se paralizaran las obras. El Tribunal de Justicia de Madrid nos dijo que de ninguna manera. Pero las manifestaciones semanales de miles de personas hizo que la Comunidad de Madrid parara las obras y revisara el proyecto. Si la gente hubiese dicho, tranquilos que el caso ya está en manos de Jaime, no hubiésemos conseguido la reestructuración del proyecto. Somos una pata más de la lucha ambiental. No la más importante. Y es verdad que los éxitos en los litigios movilizan mucho. Esperamos tener victorias pronto.

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¿Por qué en España la litigiosidad climática va tan lenta?

Tenemos tres casos: los dos casos que estamos llevando varias organizaciones ecologistas contra el Gobierno pidiendo más ambición climática y un tercero que es el recurso que ha puesto una coordinadora en defensa de la cordillera cantábrica contra el PNIEC por la inadecuada evaluación sobre las repercusiones ambientales en la Red Natura 2000 respecto al objetivo del despliegue de las renovables. Esto tiene que ver con la tensión entre la necesidad de aumentar la potencia instalada renovable con la conservación de los territorios.

Los jueces replican que saben de medio ambiente y que aplican el derecho ambiental, que no se sienten necesitados de una especial formación y que lo de la sensibilización climática le suena a adoctrinamiento. Son los mismos jueces que cuando uno le plantea el caso Urgenda dicen que no les resulta de aplicación. Es contradictorio 

¿Por qué no hay algún juicio contra una petrolera, contra alguna multinacional de combustibles fósiles?

Lo más que te puedo decir al respecto es la frase "se vienen cositas". Pero a fecha de hoy no hay nada.

Has mencionado dos casos: la ampliación de un metro que requiere la destrucción de árboles y el despliegue de energía renovable que atenta contra la biodiversidad. En ambos ejemplos las medidas ecologistas chocan. ¿Cómo se hace para litigar en un sistema capitalista que para mantenerse tiene siempre que extraer, que devorar, que contaminar?

Es difícil. En materia de energía renovable han surgido actores que antes no estaban. Yo llevo toda la vida enfrentándome en los Tribunales con las grandes cinco eléctricas españolas. Ahora los promotores son fondos de inversión. Casi da vergüenza decirlo: pero las grandes eléctricas lo hacen mejor desde el punto de vista ambiental que estos fondos sin rostros, que estos capitales impacientes, que estas empresas que uno no había oído hablar en la vida.

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¿Pero no estamos ante una sábana corta? Si proteges los territorios y la biodiversidad, no promueves proyectos de energía renovables que son muy necesarios para la descarbonización.

No me hace feliz ni mucho menos tener que recurrir a proyectos de energía renovable. Por eso llevo muy pocos, aquellos que son un insulto a la inteligencia. Hay una tensión entre la emergencia climática y la protección del territorio que no tendría que pasar. ¿Qué pasa? En el 2008, España se transformó en una potencia mundial, tanto en el know how como en la fabricación e implantación de energía renovable, en los tiempos de Zapatero. Lo primero que hizo Rajoy fue el parón a las renovables, que de ahí vienen las demandas multimillonarias, que fue brutal. Ahora nos encontramos que tenemos una meta de despliegue de renovables tomando como punto de partida el 2021, cuando tendría que haber sido el 2008. Los colectivos en contra de los proyectos macrorenovables lo que plantean es una moratoria o una zonificación obligatoria. El problema es que si hacemos eso nos da tiempo de alcanzar los objetivos para 2030. Pero no deja de ser cierto que el tsunami urbanístico de los años 2000 tiene las mismas características del boom de las renovables de estos años.

Los tres litigios climáticos en España tienen como demandado al Gobierno nacional, a un Ejecutivo que en materia de transición energética y ecológica está a la vanguardia en Europa y que tiene una ministra Teresa Ribera, que en la política institucional de lo posible, puede demostrar avances transformadores. ¿No es algo injusto que las demandas apunten contra su inacción?

Es complicado. Sobre todo porque el primero de los dos juicios por el cima que entablamos fue a partir de una ventana de oportunidad: España no había aprobado el PNIEC dentro del plazo que marcaba el reglamento de gobernanza. Apuntamos a esa inactividad climática. Es un término que en caso de no explicarlo bien puede resultar hasta ofensivo. ¿Cómo voy a decir que el ministerio de Teresa Ribera ha pecado de inactividad climática si es el Gobierno que más y mejor ha hecho en materia de renovables y de cambio climático, a años luz de los que ha precedido? Esto hay que reconocerlo. España ha sido la punta de lanza de la salida del Tratado de la Carta de la Energía, un lastre enorme a la transformación ecológica. Pero la verdad es que todo es mejorable. Cuando cocino en mi casa mi hijo me dice no me pone un diez porque siempre se puede hacer mejor las cosas. Y en el campo de la mitigación, de la reducción de emisiones, ahí sí hay mucho por mejorar. Aunque tengamos complejo de pobres, somos una de las principales economías de Europa. Y necesitamos reducir más rápido las emisiones de carbono. Hay margen para objetivos muchísimos más ambiciosos.

LPOJavier Barbancho

El BCE reconoce que los litigios climáticos son en el mediano plazo una fuente de riesgo para los bancos por su responsabilidad en financiar a las empresas contaminantes. ¿Empieza a ver un temor del poder económico a estos juicios?

El poder económico a lo que le teme es al cambio climático. Todos los análisis de riesgo muestran que para las aseguradoras, incluso las más grandes, los desastres climáticos y los fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más recurrentes, son la ruina. ¿Las inundaciones de Libia son consecuencia del cambio climático o del mal estado de las represas? La intensidad inusitada de las lluvias es atribuible al cambio climático, el estado de las presas a una responsabilidad política. El sector de los seguros tiene un goteo abierto que preocupa y mucho. La inacción climática sale más cara por los daños que la propia actuación. Y también los Estados temen al cambio climático. Son, en definitiva, los que tienen que aprobar programas de ayuda extraordinaria.

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El ciudadano de a pie que termina de leer esta entrevista y siente que la inacción climática atenta contra su vida y la de sus hijos, ¿tiene asesoramiento gratuito para entablar una demanda?

Se puede hacer, sí. En España cada vez hay más abogados especializados en medio ambiente. Y la sociedad organizada cada vez es más. Las grandes ONG de Derechos Humanos ya tienen una unidad de acción para litigios. Ecologistas en Acción, por ejemplo, tiene un servicio de asesoría jurídica gratuita. Los jóvenes portugueses que esta semana sentarán en el banquillo de los acusados a 32 países europeos por su inacción climático son un ejemplo.

¿Qué puede pasar en este histórico litigio?

Han demandando a todos los Estados miembros firmantes del Convenio Europeo de Derechos Humanos sin haber agotado las vías internas. Yo daba por hecho que se el Tribunal iba a inadmitir el caso. Toda la doctrina obliga a agotar todos los estamentos judiciales: la ordinaria, luego el Supremo, luego al Constitucional. Y si ninguno te ha hecho caso, te vienes para allí. Y de repente estos chavales logran que se admita su caso. Argumentaron que no pudieron hacerlo porque al ser varios Estados sería imposible hacerlo con cada ordenamiento jurídico profesional. Y además la urgencia de la situación: la fijación de objetivos suficientes para garantizar los derechos humanos en 2030. El Tribunal dijo de acuerdo. No vamos exigir el requisito de procedibilidad. Está innovando. Es una buena noticia. Ahora, es tan nuevo y sorprendente que no sé qué puede pasar.

El crecimiento de litigios climáticos es exponencial si partimos de la base que hace cinco años no existía ninguno. Lo importante de esto: la interpelación e implicación de un poder del Estado, como es el poder Judicial, en el desafío climático

La sensibilidad climática de los jueces imagino que es determinante en estos litigios. ¿Cuán lejos estamos hoy de esa sensibilidad?

Hace poco hubo una jornada sobre cambio climático organizada por el Instituto Nacional de Derecho y Medio Ambiente que tenía que ver con la formación y sensibilización de los jueces en materia de cambio climático. Se invitó a un miembro de la judicatura y lo que se planteó es que la sensibilidad climática que se le exige a los jueces es lo mismo que el planteo de la perspectiva de género. Se mostraron refractarios. El juez que asistió, que ha participado en juicios por el clima, lo que vino a decir es que ellos saben de medio ambiente y que aplican el derecho ambiental, que no se sienten necesitados de una especial formación y que lo de la sensibilización le suena a adoctrinamiento. Son los mismos jueces que cuando uno le plantea el caso Urgenda dicen que no les resulta de aplicación. Es contradictorio.

Con una paradoja: los jueces tienen hoy más litigios abiertos contra quienes luchan contra el cambio climático, científicos y ecologistas que se aferran a la desobediencia civil, que contra quienes lo están produciendo.

Yo soy socio de Greenpeace desde el año 1987, de chico. Y activista en Ecologista en Acción desde el año 2000. La criminalización y persecución al activista ecológico que denuncia ha sido una constante. ¿Esta persecución es más virulenta ahora? Puede ser, no tanto por el número de actuaciones, sino por los "aspavientos jurídicos" que se están realizando. Lo nuevo, sorprendente y doloroso es que la memoria de la Fiscalía General del Estado le dedicar en 2021 un recuadrito señalando acciones del ecologismo "radical". Y este año ese apartado está en la sección de terrorismo. Esto como ciudadano causa perplejidad, como activista un cierto escalofrío y como jurista una profunda vergüenza.